La detención del ex secretario de Obras Publicas José López, que conmovió esta semana al país, sirvió para que los diputados de la coalición gobernante y la oposición fijaran para la próxima semana el debate de los proyectos de la ley del «arrepentido» en casos de corrupción, que promueve que los bienes de origen ilícito provenientes de la corrupción y el lavado de dinero pasen a manos del Estado.
López fue detenido cuando intentaba esconder en un monasterio femenino en la provincia de Buenos Aires bolsos y una maleta con US$ 9 millones, euros, joyas y un arma de asalto.
El debate sobre ambos proyectos se realizará el miércoles próximo en la Camára de Diputados.
Las leyes vigentes en Argentina no incluyen la opción del arrepentido para delitos de corrupción dentro de la administración pública, lo cual impide a ex funcionarios acogerse a esa figura y aportar información comprometedora a cambio de beneficios.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, no descarta que la figura de la ley del «arrepentido» para casos de corrupción sea usada en el caso de José López, quien fue descubierto in fraganti cuando intentaba esconder US$ 9 millones de dólares en un monasterio, pero esta iniciativa debe convertirse en ley primero.
En la Cámara de Diputados el oficialismo cuenta con el importante apoyo del Frente Renovador, que le permitiría quórum para el debate.
La Nación destaca que las trabas pueden presentarse en la Cámara del Senado, donde la coalición macrista se ve obligada a negociar por su condición de minoría en esa instancia. El gobierno prefirió congelar la iniciativa para avanzar en otros proyectos legislativos más urgentes.
La figura del «arrepentido» para delitos de corrupción en la administración pública ha generado incomodidad en los sectores de la oposición, que temen que la ley sea usada para perseguir a ex funcionarios de la administración anterior.
«Difícilmente, en esta coyuntura, los legisladores peronistas estén en condiciones de resistir estos proyectos. Quedarían demasiado pegados con el kirchnerismo y con López», dijeron fuentes legislativas a La Nación.
El gobierno tiene dos propuestas en el tema del «arrepentido» para casos de corrupción, una que elaboró la Oficina Anticorrupción (OA) y otra que presentó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Las leyes vigentes solo contemplan la figura del arrepentido para casos de narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, pero no está prevista para los delitos perpetrados contra la administración pública.
Sobre los bienes provenientes de actividades ilícitas, la propuesta viene del bloque opositor Frente Renovador. El proyecto que elaboró la diputada Graciela Camaño prevé que «el Estado podrá perseguir aquellos bienes de procedencia ilícita sin necesidad de una condena previa del individuo acusado».
Camaño propone crear un organismo descentralizado, con personería jurídica propia, que administre esos bienes que serían destinados a programas de salud, educación, trabajo y vivienda, así como también a la prevención y asistencia de personas con adicciones.
El fuero parlamentario también a debate
La situación del diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación, Julio de Vido, ha puesto sobre el tapete la discusión sobre el fuero parlamentario, que implica inmunidades para los diputados y senadores investigados en causas judiciales.
De Vido está procesado por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en 2012, en la que murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos; además, fue imputado en la causa por «la ruta del dinero K».
El oficialismo presentó un proyecto en el que propone que ya no sea necesaria la autorización del Congreso para allanar el domicilio o las oficinas de los legisladores, y tampoco para la interceptación de su correspondencia o de sus comunicaciones telefónicas.
La Constitución Nacional establece que «Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, ni interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador».
Los diputados krichneritas lograron frenar la iniciativa presentada esta semana por el diputado macrista Pablo Tonelli, quien proponía autorizar al juez federal Luis Rodríguez a allanar la casa del ex ministro en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La diputada Graciela Camaño propuso, como opción intermedia entre la ley actual y lo que propone el macrismo, que la autorización de la Cámara respectiva que hoy está vigente, sea reemplazada por una simple notificación del juez al presidente de la Cámara.
La notificación al presidente de la Cámara «sería un resguardo ante casos de manifiesta persecución judicial contra un legislador», aclara La Nación.
El debate de los fueros será complicado para el macrismo pues otros bloques de la coalición gobernante Cambiemos tienen sus reservas sobre el allanamiento a las inmunidades parlamentarias.
Fuente: La Nación
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