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La escandalosa detención del ex secretario de Obras Públicas, José López, saca a la luz uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los 12 años de gobierno kirchnerista.
El martes 14 de junio López fue detenido in fraganti cuando intentaba esconder en un monasterio femenino, en la provincia de Buenos Aires, unos US$ 9 millones, euros, yenes, relojes lujosos y una carabina marca SIG SAGUER CAL 22 serie XA 033368 con cargador con 25 cartuchos.
La imagen de su detención, custodiado por los funcionarios policiales, con un casco en su cabeza, un chaleco antibalas y la mirada perdida, contrasta con la que proyectó durante sus años de funcionario público cuando tenía poder y era quien tomaba las decisiones sobre la obra pública nacional en el Ministerio de Planificación.
Fue desde su posición como secretario de Obras Públicas que favoreció durante 12 años a las empresas del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, hoy en la cárcel y procesado por lavado de dinero.
Según una denuncia del gobierno de Mauricio Macri, desde Obras Públicas José López elegía discrecionalmente el orden de los pagos a los contratistas y los montos que percibían, lo que hacía a través de la Dirección Vialidad Nacional.
El actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, señala que el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y las ex autoridades del organismo vial en la provincia de Santa Cruz, se encargaron de cartelizar las obras públicas a las empresas de Báez, garantizándole millonarios contratos.
Según una auditoría hecha por el nuevo gobierno, José López daba órdenes para agilizar los pagos de obras a favor de Báez y para aprobar la modificación de trabajos que generaron considerables aumentos en los costos originales.
Clarín detalla que los contratos para el Grupo Austral de Báez en la provincia de Santa Cruz alcanzaron una cifra de AR$ 5.169 millones (US$ 397.257.620), distribuidos en once rutas provinciales. Fueron licitados originalmente por AR$ 2.530 millones (US$ 182.109.400) y gracias a las gestiones de López, Lázaro Báez terminó cobrando un sobreprecio del 104%.
López gestionó que Vialidad Nacional financiara estos contratos millonarios, aunque al organismo no le correspondía hacerlo.
Todo el circuito de pagos y los contratos autorizados por López se concentraron en “rutas provinciales y muchos caminos que no tienen nada de tránsito”, además “se licitaron con importantes sobreprecios y ninguno se terminó”, indicó a Clarín un inspector de obra de la actual gestión.
La auditoría de Vialidad Nacional determinó que el 78,4 % de los contratos en la provincia de Santa Cruz quedaron en manos de Lázaro Báez, aportándole al “empresario K” AR$ 21.600 millones (US$ 1.554.768.000). Al menos el 50% de los proyectos quedó inconcluso.
Las autoridades revelaron más vínculos entre López y Lázaro Báez. En un allanamiento a la casa de López, la justicia encontró un contrato de alquiler que está firmado por la esposa del ex secretario de Obras Públicas, Amalia Díaz, la suegra, Lucila Amalia Corvalán de Díaz, y por Martín Báez, en nombre de la empresa de la familia Báez, Austral Construcciones.
Lázaro Báez y José López están presos en la misma cárcel, sin poder y sin la protección que tuvieron durante los 12 años de gobiernos kirchneristas.
Báez está procesado por lavado de dinero y López está siendo investigado por una causa de enriquecimiento ilícito y otra por fraude al Estado en el manejo de los fondos de Vialidad Nacional.
