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Con 137 votos a favor, 48 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados del Congreso argentino aprobó este jueves 23 de junio que la justicia allane el domicilio y las oficinas del diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación, Julio de Vido, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.
Según la ley de fueros parlamentarios, para allanar la casa de un diputado hace falta autorización del Congreso. El allanamiento a la casa de De Vido debió hacerse hace un mes pero los abogados del ex ministro invocaron fueros para impedirlo.
El proyecto de resolución para permitir el allanamiento, y que fue aprobado la tarde de este jueves, lo presentó en la Cámara baja el diputado macrista Pablo Tonelli. El parlamentario comentó que lo principal es que el juez federal Luis Rodríguez avance en la investigación contra De Vido y que se sepa cuál es la verdad.
En el marco del tenso debate, el diputado De Vido aseguró que «jamás» ha negado información «o frenado un allanamiento» durante los 12 años en que fue funcionario del gobierno nacional. Agregó que estaba siendo sometido «a una persecución política desde el 10 de diciembre», cuando asumió el nuevo Gobierno.
«No soy ni he sido cajero de nadie», señaló el exministro kirchnerista.
“La cuestión solo busca el escarnio y la presión sobre el juez y todo el fuero federal. Tienen a todos los jueces federales presionados en los medios. Quédense tranquilos que con responsabilidad me defenderé”, agregó De Vido.
En la causa por enriquecimiento ilícito se investiga el crecimiento patrimonial de De Vido desde 2003, cuando asumió como ministro de Planificación Federal.
Cuentas complicadas con la justicia para De Vido
Este mismo mes el juez Claudio Bonadío ordenó embargar el sueldo de diputado a De Vido como parte de las acciones que adelanta en la causa de la tragedia ferroviaria de 2012 en la ciudad de Buenos Aires en la que murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos.
El exfuncionario fue procesado por esta causa y fue embargado por AR$600 millones (US$ 43.392.000).
A su supuesta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de 2012 en Buenos Aires, se suma su imputación por presunto sobreprecio en la construcción de obras públicas en la provincia de Santiago del Estero, al noroeste de Argentina.
Además, también está imputado por el juez federal Julián Ercolini por la compra de material ferroviario en mal estado a España y Portugal.
El fiscal Guillermo Marijuán lo imputó en la causa de la “ruta del dinero K”, luego de que el testigo protegido Leonardo Fariña lo involucrara en su declaración, al igual que a la expresidenta Cristina Kirchner.
Fuente: Clarín.
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