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Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño determinó que no hay pruebas de que la suspendida mandataria Dilma Rousseff realizara maniobras fiscales por las cuales se le abrió un juicio político que la separó del cargo.
Según la parte acusadora, el Gobierno de Rousseff atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Estos atrasos, que datan de 2014 y se mantuvieron en 2015, fueron utilizados por la oposición para sustentar la acusación que derivó en el juicio político.
La pericia elaborada por técnicos del Senado indicó que hay pruebas de que la suspendida presidenta actuó directamente en la edición de dos decretos de crédito sin autorización del Congreso, pero no se identificó una acción directa para atrasar los pagos del gobierno a bancos públicos, práctica conocida como «pedaleo fiscal».
Rousseff fue convocada a declarar el próximo 6 de julio ante la Comisión Especial de Impeachment de la Cámara Alta. Se desconoce si lo hará en forma personal o será representada por su abogado José Eduardo Cardozo.
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El pasado 12 de mayo, Russeff fue suspendida de sus funciones y sustituida en forma interina por su entonces vicepresidente, Michel Temer. La suspensión durará hasta 180 días mientras dura el juicio contra la mandataria suspendida.
A finales de julio, cuando terminará la fase procesal, la comisión de impeachment presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o, por el contrario, pedir que la causa sea archivada.
El pleno del Senado debatirá este informe y si una mayoría simple (41 votos de 81) decide que la causa en contra de Rosseff continúe, la Corte Suprema convocará a una última y definitiva sesión a medidos de agosto. En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos).
Si Rousseff es destituida, Temer deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
El presidente interino no es bien visto por sus compatriotas, según lo revela un reciente sonde de Ipsos. Más de dos tercios de los brasileños desaprueban a Temer, quien es rechazado por un 70% de la población, porcentaje de repudio similar al de la mandataria suspendida Dilma Rousseff (75%).
