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El presidente argentino Mauricio Macri firmó este viernes 22 de julio la promulgación de la ley ómnibus de pago a los jubilados y blanqueo de capitales, que había sido sancionada en junio por el Congreso de la Nación.
Con la normativa, denominada «Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados» y que se publicó en el Boletín Oficial este viernes, se beneficiarán 2,4 millones de personas, entre jubilados que tienen sentencia judicial firme, aquellos que tienen juicios en trámite, y quienes nunca demandaron, señala el diario La Nación.
La ley también crea una pensión a la vejez para mayores de 65 años, equivalente al 80% de la jubilación mínima (ARS$ 4.959 /USD$ 326,90), con cobertura del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
Para financiar los pagos a los jubilados, el Gobierno dispondrá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses), cuyas acciones podrá vender.
Pero para el pago a los jubilados el Gobierno apuesta principalmente a lo que pueda recaudar a través el plan de blanqueo de capitales, que tendrá vigencia hasta el último día de marzo de 2017.
El blanqueo de capitales permitirá a los argentinos incorporar al circuito formal de la economía la tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes ubicados en el país y en el exterior no declarados. No tendrán la obligación de informarle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el origen de los fondos utilizados para adquirir esos bienes.
Se excluyen los fondos originados en operaciones de lavado de dinero, narcotráfico y hechos terroristas.
La exteriorización de capitales no tendrá costo si los bienes, incluidos inmuebles, no superan los ARS$ 305.000 (USD$ 20.456,35). Para los bienes que se valúen entre ARS$ 305.000 (USD$ 20.456,35) y ARS$ 800.000 (USD$ 53.656) hay que pagar un 5 %. Para los bienes que superen los ARS$ 800.000 (USD$ 53.656), que no sean inmuebles, si se declaran en el año 2016 la alícuota será del 10 %.
Si los bienes se declaran hasta el 31 de marzo de 2017, la tasa aumenta al 15 %. Para este caso, si se entregan títulos Bonar o Global 2017, la tasa se reduce al 10 por ciento, detalla un análisis del sitio de noticias Infobae.
Una de las novedades que trae la ley de blanqueo es que no será necesario llevar todos los bienes exteriorizados a Argentina. La normativa señala que las personas pueden declararlos y dejarlos en el exterior.
Si el dinero que se regulariza se encuentra en Argentina, tendrá que depositarse en una entidad bancaria local el 31 de octubre de 2016, y no se podrá tocar hasta el 31 de marzo de 2017. Si con el dinero se quiere adquirir un bien registrable, se habilita el retiro anticipado.
A diferencia de otros blanqueos, el promulgado este viernes 22 de julio establece que los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, «gozarán de la exención del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive».
No podrán ingresar al régimen «personas sobre quienes pesen causas judiciales por incumplimientos tributarios en el marco de las cuales se hubiera dictado un procesamiento en contra del contribuyente», dice la ley.
A partir de 2017, Argentina comenzará a intercambiar información fiscal con 55 países. En el 2018, se incorporarán al intercambio otras 27 naciones; y en 2019, otros 19 países más. Se espera que Estados Unidos se adhiera al cruce de información.
Está previsto que el nuevo régimen comience a funcionar en agosto y estará abierto hasta el 31 de marzo próximo. Sin embargo, el Ejecutivo tiene la facultad de extender el plazo.
El Gobierno prevé una captación entre los USD$ 20.000 millones y los USD$ 60.000 millones. El blanqueo que realizó el gobierno anterior, entre 2013 y 2015, captó USD$ 2.500 millones, señala La Nación.
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