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Un equipo técnico del Gobierno argentino trabaja en un programa para congelar los pecios de los medicamentos de venta libre hasta el 31 de diciembre de este año.
Algunos laboratorios ya habrían comenzado a firmar el convenio denominado «Convenio de Compromiso de Precio de Venta al Público de Medicamentos», pero un sector del gremio se resiste a la medida, provocando la demora en el anuncio que quiere hacer el gobierno.
El diario La Nación señala que las empresas temen ser objeto de sanciones si las farmacias no cumplen con los precios acordados.
Fuentes del Ministerio de Producción señalaron al diario argentino que esperan un compromiso «fuerte» de la industria y «no algo light».
«Los laboratorios son formadores de precios. No vamos a aceptar que sólo se comprometan con un precio sugerido porque dicen que no pueden controlar el precio en farmacias», dijeron.
La Nación detalla que en el convenio que están firmando los laboratorios, hay una parte dedicada a los medicamentos con sus especificaciones, y otra parte en la que se detalla los canales de distribución, así como «el compromiso de asegurar el normal abastecimiento y comercialización de los productos alcanzados en todas las farmacias del país».
La Secretaría de Comercio aspiran a que sean 85 las compañías que participen del programa.
El gobierno de Mauricio Macri espera que el programa contribuya a contener las expectativas de inflación en el segundo semestre.
Entre los medicamentos incluidos estarían algunos de los más vendidos, y todos aquellos de venta libre (no necesitan receta médica). La Superintendencia de Salud participó en la elaboración del listado para evitar que hubiera drogas o remedios que tienen poca salida en el mercado.
El gobierno argentino quiere incluir en el convenio segundas marcas, muchas de las cuales se verían beneficiadas de la publicidad oficial que tiene el programa de precios.
En mayo pasado diputados del bloque oficialista Cambiemos anunciaron que presentarían una denuncia en contra de los laboratorios en la Comisión de Defensa de la Competencia por presunta cartelización.
Fuente: La Nación
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