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El Senado argentino aprobará con modificaciones el proyecto de ley del arrepentido por casos de corrupción, que ya tenía la media sanción de la Cámara de Diputados a medidos de junio.
Pero la iniciativa no se convertiría en ley este miércoles porque los senadores propondrán cambios en algunos puntos, lo que obliga a regresar el proyecto a manos de los diputados para hacer los ajustes correspondientes.
La prensa local destaca que los cambios que propondrá el Senado fueron producto del consenso entre el bloque Cambiemos, que representa la coalición gobernante, y el bloque kirchnerista Frente para la Victoria, con mayoría en la Cámara.
El diario Clarín indica que una de las modificaciones que propondrá el Senado es el acusado tenga un margen de tiempo el que podrá acogerse a la figura de arrepentido, en este caso, debe hacerlo entre su imputación y el auto de elevación a juicio. Posteriormente ya no podría acogerse a la figura.
El proyecto establece que la información que aporte el arrepentido «deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del arrepentido».
Este proyecto cobró fuerza a raíz de la conmoción que causó la detención del exsecretario de Obras Publicas José López. El exfuncionario K fue sorprendido por la policía cuando intentaba esconder en un convento US$ 9 millones.
Hasta ahora las leyes vigentes en Argentina no incluyen la opción del arrepentido para delitos de corrupción dentro de la administración pública, lo cual impide a exfuncionarios acogerse a esa figura y aportar información comprometedora a cambio de beneficios.
Actualmente la ley solo contemplan la figura del arrepentido para casos de narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, pero no está prevista para los delitos perpetrados contra la administración pública.
Este mismo miércoles podría aprobarse definitivamente el proyecto de ley de Flagrancia que establece un proceso penal más veloz para las personas que sean pescadas infraganti cometiendo un delito.
Clarín detalla que esta ley, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, prevé que el detenido sea llevado ante un juez para participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde que fue detenido.
Los senadores no tendrían ninguna objeción al proyecto, por lo que podría convertirse en ley en horas de la tarde.
Tampoco tendrían observaciones para el proyecto de ley de Acceso a la Información, con la que la administración pública nacional, los poderes Legislativo y Judicial, el Banco Central, el Ministerio Público Fiscal, entre otros organismos, estarían obligados a suministrar datos cuando se requiera en un plazo de 15 días.
Esta ley crea de un organismo autárquico llamado Agencia de Acceso a la Información Pública.
Fuente: Clarín.
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