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El juez federal Julián Ercolini llamó este lunes a indagatoria a la exmandataria argentina Cristina Kirchner, en la causa que investiga el entramado de corrupción que se armó para favorecer al empresario Lázaro Báez con la adjudicación de la obra pública.
El magistrado Ercolini también ordenó la inhibición general de los bienes de la exmandataria, quien debe rendir indagatoria el próximo 20 de octubre.
El 16 de agosto los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron la medida contra la expresidenta argumentando que las autoridades del poder ejecutivo, conjuntamente con funcionarios del Estado y un pequeño grupo de empresarios, entre ellos Báez, «se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos».
Los fiscales creen que el «sistema» para favorecer a Báez con la obra pública se inició durante la gestión del fallecido presidente Néstor Kirchner y se profundizó en los gobiernos de Cristina Kirchner.
Pollicita y Mahiques señalan que Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, era amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner y que fue el más beneficiado en la asignación de la «múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
Asimismo, sostuvieron que paralelamente Báez le garantizaba a los Kirchner «ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros» como pago por favorecerlo. Este último punto es investigado en la causa Hotesur, negocio inmobiliario de la exfamilia presidencial.
Los fiscales señalan que durante los doce años de gobiernos kircheristas los bienes del empresario K tuvieron un crecimiento por encima del 4.700%. En la causa de la «Ruta del Dinero K» se investigan si parte de esos bienes se compraron con fondos provenientes de la obra pública.
El diario Clarín detalla que Báez manejó AR$ 21.600 millones (US$ 1.444.608.000) en contratos viales durante el kirchnerismo. El 50% de estos contratos no se cumplieron, sin embargo el Grupo Austral cobró los certificados con incrementos de precios que promedian el 65%, detalla el diario argentino.
En el documento que fue publicado este lunes en el sitio en Internet del Centro de Información Judicial (CIJ), el juez Ercolini señala: «Existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a prestar declaración indagatoria».
Ercolini apoyó otros de los argumentos de lo fiscales para llamar a indagatoria a la exmandataria. Señaló que 10 días antes de dejar su cargo, el gobierno de Cristina Kirchner le pagó todo lo adeudado a la empresa de Báez (Grupo Austral) hasta el momento.
«Mientras a las 29 principales constructoras de nuestro país la Dirección Nacional de Vialidad les debía sumas millonarias por obra pública, lo que en conjunto ascendía a 488 millones de dólares, llamativamente 10 días antes del cambio de gobierno, Lázaro A. Báez presentaba un saldo de deuda vencida en cero, es decir, el Estado Nacional no le debía un solo centavo», dice Ercolini.
Ercolini citó también a indagatoria al exministro de Planificación, Julio De Vido, a Báez y a su hijo Martín Báez, el exsecretario de Obra Pública José López y otros funcionarios de Vialidad Nacional y provincial.
Báez ya se encuentra detenido desde abril por supuesto lavado de dinero, y López desde junio por enriquecimiento ilícito.
A Cristina Kirchner ya le inhibieron sus bienes y le congelaron sus cuentas bancarias en el marco de la causa de «Dolar a futuro», a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
El viernes pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez federal Julián Ercolini que ordene el congelamiento de todos los bienes de la sucesión del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que tiene como beneficiarios a la exmandataria Cristian Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia.
La petición de la UIF se enmarca en la causa Hotesur, en la que se investiga el pago de sumas millonarias por parte de los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López a la familia Kirchner, por el alquiler simulado de habitaciones de sus hoteles patagónicos, como una forma de blanquear dinero.
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