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El diputado provincial de Santa Fe, Rubén Giustiniani, denunció que el contrato de concesión entre la petrolera estatal argentina YPF y la estadounidense Chevron, para explotar los yacimientos de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, se realizó a través de compañías offshore radicadas en paraísos fiscales.
El contrato que fue firmado en julio de 2013 entre YPF y Chevron, establecía un acuerdo de inversión para la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta (región patagónica argentina), que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial.
«No fue como lo anunció Cristina Kirchner en agosto de 2013, es decir un emprendimiento entre Chevron e YPF, sino entre dos empresas offshore radicadas en paraísos fiscales», aseguró Giustiniani en rueda de prensa.
Las firmas serían Chevron Overseas, radicada en Islas Bermudas e YPF Shale Oil Investment One, con sede en el distrito estadounidense de Delaware.
«En la primera frase del acuerdo consta que Chevron Overseas es prestamista e YPF Shale Oil Investment One es tomador, o sea que no es una inversión directa sino un préstamo que una subsidiaria offshore da a otra subsidiaria offshore», reveló el diputado.
Giustiniani explicó a la prensa que la estructura de sociedades se inicia desde YPF, que tiene el control de una offshore en Uruguay llamada Wakler Investment S.A, que a su vez posee a YPF Shale Oil Holding LTD (con sede en Bermudas); esta última detenta el 100 % de YPF Shale Oil Investment One.
«Esa última firma es la controlante del punto final, que es una SRL (sociedad de responsabilidad limitada) en Argentina, llamada Compañía de Hidrocarburos No Convencional (CHNC), empresa subsidiaria que va a actuar con el operador, que es YPF. A su vez, YPF Shale Oil Investment One tiene el control de YPF Shale Oil Investment Two, también con sede en Delaware, que tiene el 10 % de CHNC SRL», detalló Giustiniani.
El legislador recalcó que las offshore «se hacen para evadir impuestos», por lo que a su juicio, podría existir en este caso «un perjuicio al fisco argentino».
Anunció que se hará un estudio detallados del contrato que será puesto a disposición de organizaciones gubernamentales y periodistas «para ver si hay perjuicio al país con este tipo de operatorias». Entregará una copia al Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Defensoria del Pueblo.
La justicia argentina tenía tiempo solicitando a YPY que publicara el contrato firmado con Chevrón, pero la compañía se había negado argumentando que fue firmado en el marco de la ley de Sociedades Comerciales, que prevé la confidencialidad de sus términos para “salvaguardar información geológica, comercial y financiera que son de valor estratégico para ambas empresas”.
Fue justamente el diputado Giustiniani quien acudió a las autoridades debido a la negativa de YPY de suministrar la información. «Fuimos a la justicia porque cuando enviamos una nota a YPF en octubre de 2013 nos contestó que no tenían obligación de dar ninguna información porque eran una sociedad anónima», dijo el diputado.
El 10 de noviembre de 2015 la Corte Suprema de la Nación dictaminó que estatal petrolera entregara una copia del contrato, pero la compañía se demoró más de diez meses en hacerlo. Finalmente, el viernes pasado Giustiniani recibió copia del contrato.
Fuente: Télam.
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