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El Congreso de Argentina dará dictamen este martes 18 de octubre al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que pondrá límites al mandato de la Procuradora General, la kirchenrista Alejandra Gils Carbó, y restituirá en corto plazo a los fiscales que esta funcionaria trasladó desde 2012, cuando asumió el cargo.
El proyecto que aprobará la Cámara de Diputados contempla un límite de cinco años de mandato para el titular de la Procuraduría General, que podrá ser renovable por cinco más solo si así lo decido el Poder Ejecutivo. Según las leyes vigentes el cargo de procurador es vitalicio.
Gils Carbó, quien es la única funcionaria kirchnerista de alto rango en funciones, asumió el 29 de agosto de 2012. Con la aprobación de la reforma al Ministerio Público su mandato terminaría el 29 agosto de 2017.
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El presidente Macri le pidió la renuncia en varias ocasiones a la Procuradora Gils Carbó, pero esta decidió permanecer en el cargo . La Procuradora ha sido blanco de críticas por su manifiesta afiliación política y por manejar la institución a favor de los intereses del kirchnerismo.
La reforma toca el punto clave de los fiscales trasladados a discreción por la gestión de Gils Carbó. Todos los que fueron trasladados deben ser repuestos en 48 horas una vez que la reforma entre en vigencia.
Además, todas las designaciones de fiscales coordinadores de distrito, de unidades fiscales especializadas, procuradurías especiales, deben ser remitidas a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control recientemente creada, para su revisión y aprobación.
Las designaciones en las 11 Direcciones Generales del Ministerio Público Fiscal también estarán bajo el control de la Comisión Bicameral. El diario Clarín destaca que Gils Carbó ubicó a gente de su confianza en estas direcciones.
La diputada opositora del Frente Renovador, Graciela Camaño, estará a cargo de la Comisión Bicameral y tendrá entre sus potestades dar el visto bueno a los nuevos fiscales de distrito y a los procuradores especiales, reseña Clarín.
La remoción del procurador será por mayoría simple de la Cámara de Diputados, con voto de dos tercios del Senado. Una de las causas para ser destituido será la realización de “actividades partidarias”.
La reforma contempla también la creación del Consejo General del Ministerio Público Fiscal, que asesorará al procurador general; propondrá a los fiscales generales de distrito y a los titulares de las procuradurías especiales; convocará a concursos públicos de antecedentes y aprobarlos; dispondrá el traslado de fiscales previa aprobación de la comisión bicameral, y promoverá el enjuiciamiento de todos los fiscales, excepto el procurador.
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Tanto los fiscales generales como los fiscales que integren el Consejo serán elegidos por sorteo público y tendrán un mandato de dos años.
La iniciativa prevé la creación de la figura del fiscal general de distrito, que tendrá la responsabilidad de fijar la política de criminalidad.
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