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El gobierno argentino envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que establece sanciones a empresas, asociaciones civiles, fundaciones mutuales y cooperativas cuando cometan delitos de corrupción.
La normativa abarcaría a las empresas ya sean nacionales o extranjeras, con o sin participación estatal.
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, adelantó el anuncio en vísperas de la llegada el próximo martes al país de una misión observadora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El presidente argentino Macri viene haciendo gestiones para que Argentina sea aceptada por los 35 miembros del organismo internacional.
El diario Clarín señala que Argentina es uno de los países que ratificó en 2001 la Convención para combatir el Cohecho Internacional, sin embargo, es el único que no adoptó un régimen de sanciones a las personas jurídicas -empresas y otras- que sobornan funcionarios públicos en las transacciones internacionales.
“El proyecto de ley que se discute cumple los requerimientos mínimos de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE”, señaló Laura Alonso.
Alonso agregó que lo que se busca con esta normativa es sancionar a quienes cometan delitos tanto a nivel internacional como nacional. La ley apunta a la prevención y a la cooperación ante el posible delito.
Actualmente en Argentina, a diferencia de otros países que ratificaron la Convención, sólo se sanciona a las personas individuales. El proyecto de ley contempla multas y el retiro de la personería jurídica, entre otras penalidades.
El proyecto de ley enviado al Senado y la Cámara baja que consta de 38 artículos, define a las personas jurídicas, sus responsabilidades, las irregularidades por las que podrían ser citadas o declaradas en rebeldía, así como las sanciones que les corresponde, detalla el diario Clarín.
Este jueves 20 de octubre la Cámara de Diputados del Congreso argentino dio sanción definitiva a la llamada Ley del arrepentido, que se aplicará para los delitos por casos de corrupción.
Hasta ahora las leyes vigentes en Argentina no incluían la opción del arrepentido para delitos de corrupción dentro de la administración pública, sino para casos de narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.
Fuente: Clarín.
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