
Hace aproximadamente cuatro años el Gobierno de Cristina Kirchner expropió la imprenta Ciccone Calcográfica. Hoy, por ese hecho, el Estado argentino deberá pagarle una alta suma a sus antiguos dueños.
Según detalla el diario argentino La Nación, Kirchner había dicho en 2012 que la expropiación de la imprenta no le costaría “ni un peso” al Estado. Sin embargo, la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, conformada por los cameristas Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, ordenó pagar la suma de AR$ 350 millones (US$ 23.096.500) “dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía”. Dejando así en pie el falló emitido en el 2013 por el juez Javier Cosentino,
Cosentino había considerado que la expropiación violaba la Constitución nacional al igual que el “convenio de avenimiento” que dispuso el gobierno de Cristina Kirchner para compensar la eventual indemnización por la deuda tributaria. Así lo informo la Sala D.
La Nación señaló que el Gobierno de Mauricio Macri se resiste a liberar la millonaria suma, y que los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apelaron el fallo judicial. La AFIP busca que la justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa, unos AR $300 millones (US $19.797.000), y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los AR $275 millones (US $18.147.250).
Caso Ciccione
En la actualidad, Amado Boudou, exvicepresidente de Argentina, su socio José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, quien está siendo investigado por, presuntamente, haber sido el testaferro de los dos primeros, deben presentarse a juicio oral por el “caso Ciccone”.
Boudou, junto a Núñez, habían comprado el 70 % de las acciones de la imprenta de billetes “Ciccone Calcográfica” durante su gestión como ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund.
El escándalo estalló en febrero del año 2012, cuando la exesposa de Vanderbroele, Laura Muñoz, reveló a los medios de comunicación que este era el testaferro de Boudou. En 2014 el juez Ariel Lijo ordenó el procesamiento de vicepresidente por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Fallo que fue confirmado en 2015 por la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal.
Durante todo el proceso judicial Boudou fue respaldado y protegido por la expresidenta Cristina Kirchner hasta el punto de estatizar la imprenta con el apoyo del Congreso, el cual, para la época, era de mayoría kirhnerista.
Núñez, exsocio de Boudou y Vanderbroele están siendo procesados como partícipes necesarios del hecho. Asimismo, Nicolás Ciccone, exdueño de Ciccone Calcográfica, fue procesado por haber cedido la empresa a cambio del levantamiento de la quiebra, la aprobación de un plan de pagos y la futura contratación de la imprenta por parte del Estado.
Fuente: La Nación.