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El gobierno argentino está preparando un decreto con el que hará oficial una serie de medidas para endurecer la política inmigratoria y con las que modificará la reglamentación de la ley de Migraciones.
Entre las medidas figuran la inversión en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de las expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación.
La iniciativa que está siendo trabajada por los ministerios de Seguridad e Interior cuenta con el visto bueno del presidente Mauricio Macri.
“Lo que el Presidente quiere es ir hacia un camino en el que pueda entrar y quedarse la gente de buena voluntad y no los delincuentes”, dijeron fuentes oficiales al diario argentino Clarín.
El medio argentino destacó que el gobierno quiere evitar que estas medidas sean consideradas xenófobas, a propósito del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y de las polémicas declaraciones del senador Miguel Angel Pichetto, quien se pronunció recientemente en contra de la inmigración de peruanos y bolivianos a Argentina.
Según reseña Clarín uno de los objetivos principales será agilizar los procesos que se realizan para detectar a personas con antecedentes por delitos graves, las que presentan documentos falsos o eluden el control migratorio.
“En 10 años se hicieron 2.300.000 radicaciones, se dictaron 15.000 disposiciones de expulsión y se materializaron 70. Ese sistema no funciona”, dijeron fuentes del ministerio de Interior.
“Vamos a buscar a aquellos que tengan condena y que el que delinquió no pueda volver a entrar”, indicaron a Clarín desde el despacho de Seguridad.
También se contempla endurecer las exigencias para los ingresos de extranjeros al país. En este sentido, estudian la implementación de cuestionarios más complejos sobre el motivo de la entrada en cuanto a alojamiento, trabajo, estudio o turismo.
Clarín señala que desde el ministerio del Interior advierten que este último punto iría en contra de los acuerdos vigentes con los países del Mercosur. Asimismo, se avanzaría en convenios con países de la región para compartir información sensible. La cancillería argentina está avaluando todas las alternativas.
Funcionarios del gobierno señalan que desde 2002 no había mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos.
Desde el despacho de Interior destacan la implementación de una base de datos compartida con Interpol, la incorporación de dispositivos técnicos para detectar pedidos de captura y antecedentes penales, la tarjeta vecinal fronteriza (habilita el paso por 72 horas y hasta 50 kilómetros), el control integrado con Chile, el programa de información anticipada de pasajeros y la capacitación de unos 2.500 inspectores para cubrir los 263 pasos fronterizos.
Fuente: Clarín.
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