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La oficina de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la ciudad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), está bajo la mira de la justicia argentina por irregularidades en la fiscalización de las sociedades que emitían facturas apócrifas para el empresario k Lázaro Báez.
Un informe de la auditoría interna de la AFIP divulgado por el diario La Nación revela que una de las principales irregularidades es la «demora injustificada» de las fiscalizaciones, lo que tuvo como objetivo proteger a Báez. Esta actitud evitó que las autoridades de Bahía Blanca y los tribunales federales avanzaran en la investigación sobre lavado de dinero que pesa sobre el empresario.
El informe sobre la actuación de la División de Fiscalización N° 3 de la Regional Bahía Blanca de la AFIP desde mediados de 2011 en adelante, provocó el desplazamiento de los primeros sabuesos y el cierre temporario de esa oficina regional.
La auditoría se centró en lo que hizo o dejó de hacer la oficina regional sobre el Grupo Penta SA y Calvento SA (sociedades de la familia Ficcadenti), que proveyeron facturas apócrifas a Austral Construcciones y a Constructora Patagónica Argentina.
Los auditores cuestionan la «excesiva dilación» de los tiempos para analizar si a las sociedades mencionadas les correspondía ser incluidas en el listado oficial de usinas de facturas apócrifas de la AFIP. Asimismo, cuestionan la «demora injustificada» en la «orden de intervención» de los nuevos sabuesos que asumieron el caso.
Los auditores concluyeron que las demoras fueron «deliberadas» y que se «se habrían omitido controles» importantes, luego de analizar cómo actuó el grupo de sabuesos que se encargó de cada fiscalización sobre esas usinas de facturas falsas.
Justo cuando salió a la luz pública el caso los dueños de las sociedades denunciaron que sufrieron el «robo» de toda la documentación contable.
La Nación destaca que las autoridades de la AFIP deberá evaluar si se inician sumarios internos sobre el personal involucrado en las «irregularidades». La medida abarcaría desde el inspector y el supervisor, al jefe de la división de fiscalización, los responsables de la oficina regional y sus superiores en Buenos Aires.
En noviembre la juez federal de Bahía Blanca, Mirta Filipuzzi, ordenó la prohibición de salida del país de ocho empresarios vinculados al entramado de facturas falsas para favorecer Báez.
Fuente: La Nación.
