Los 3978 choferes socios de Uber identificados en Argentina podrían sufrir detenciones hasta de diez días y la suspensión por dos años de permiso para conducir, según adelantó el fiscal de Cámara Martín Lapadú, quien lleva adelante la investigación contra la empresa que conecta a pasajeros y conductores a través del celular.

Lapadú señaló que a los choferes de Uber se les imputa la actividad lucrativa en el espacio público sin autorización. «Todos aquellos que no tengan carnet de conducir profesional, que son la mayoría, incurren en la contravención del exceso del límite de la licencia, y eso sí tiene penas de hasta 10 días de arresto», explicó el fiscal.

El letrado aseguró que el Ministerio Público Fiscal ya tiene en su poder «la totalidad del listado de estos choferes» y que en los próximos meses «se buscará a los involucrados».

«En los próximos meses se van a intensificar los allanamientos a los efectos de traer a estas personas a que hagan la declaración indagatoria correspondientes. Además de la detención, los choferes podrían ser sancionados con dos años de inhabilitación para conducir», aseveró Lapadú.

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Agregó que en el caso de los directivos de la empresa no se trata solamente de la imputación por materia contravencional, sino que en paralelo está la causa penal tributaria (evasión), un delito que tiene de dos a cuatro años de prisión.

«Uber es un profesional de la ilegalidad. En todas las ciudades del mundo han ingresado de esta forma intempestiva, al margen de las leyes. Poniendo en riesgo la vida de sus usuarios», dijo el fiscal.

La amenaza de cárcel contra los choferes de Uber contrasta con la decisión de la Sala V de la Cámara del Crimen que confirmó el 3 de noviembre que los conductores de Uber no están cometiendo delito alguno.

De esta forma se ratificó el fallo del juez de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Alberto Zelaya, quien en octubre desestimó una denuncia penal contra Uber que había presentado el sindicato de taxistas contra 33 conductores socios de la empresa.

Los taxistas que se han mantenido en pie de guerra contra Uber desde que llegó al país, acusaban a los conductores socios de Uber por los presuntos delitos de “entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita“.

No obstante, el magistrado Zelaya consideró que la cantidad de conductores de Uber que fueron acusados no afectaba el “normal funcionamiento del tránsito vehícular de la ciudad de Buenos Aires”.

En septiembre el Ministerio Público porteño realizó 13 allanamientos en las oficinas de Uber en Buenos Aires, y  los domicilios de gerentes y choferes socios.

Fuente: La Nación