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El Gobierno argentino trabaja en un proyecto de ley para establecer tribunales especiales de tratamiento de droga para que lleven adelante causas por delitos menores en los casos donde se evidencie que el acusado se encuentra afectado por la dependencia al consumo de estupefacientes.
El diario La Nación indicó en una nota publicada esta semana que la intensión del Gobierno es tener herramientas para rehabilitar, bajo condiciones controladas por la Justicia, a adictos en conflicto con la justicia en los que la adicción sea la causa o efecto de los delitos cometidos. De esta forma funciona en Estados Unidos y Chile.
La propuesta, que sería tratada en el Congreso de la Nación el año que viene, está siendo trabajada por los ministerios de Justicia y de Seguridad, conjuntamente con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
«El objetivo de los tribunales de tratamiento de drogas es disminuir la incidencia de consumos problemáticos de sustancias relacionados con la actividad delictiva», dice el Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas citado por La Nación.
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Los tribunales no se ocuparían de casos de «narcomenudeo», sino que «fijarán pautas obligatorias de rehabilitación a cambio de dar por terminado un proceso penal», detalla el diario argentino.
Las autoridades nacionales están tomando como base una experiencia desarrollada en la provincia de Salta desde el 2014. Los adictos acusados de delitos menores pueden solicitar la admisión a programas de tratamiento de drogas en lugar de encarcelamiento. El imputado debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por un juez, y si no los cumple, su caso podría ser devuelto al sistema de justicia normal, y podrían enfrentar la cárcel.
Datos publicados por La Nación basados en estudios de 2012, revelan que el 68,5 % de la población privada de la libertad consumió drogas ilegales, mientras que en el resto de la sociedad ese valor apenas supera el 10 %.
InSight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, señala que hay ejemplos de programas similares en los Estados Unidos que pueden arrojar luz sobre algunos de los pros y los contras del tratamiento de la adicción como alternativa al encarcelamiento.
La fundación indica que los defensores de los llamados «tribunales de drogas» en los Estados Unidos argumentan que estos programas ahorran dinero al Estado al desviar a los acusados a tratamientos de drogas y mantenerlos fuera de la cárcel. Asimismo, aseguran que los tribunales de drogas reducen la reincidencia y la adicción, lo que se logra con la aplicación de tratamientos y advirtiendo al implicado que deberá regresar a la cárcel si no se cumplen los requisitos exigidos.
Pero InSight Crime también destaca la visión de los críticos a este tipo de programas. Estos últimos sostienen que los tribunales de drogas han sido, en el mejor de los casos, «mínimamente eficaces» para reducir la reincidencia y la adicción, y que en muchos casos «no ahorran dinero».
Para los críticos, muchos acusados con problemas de adicción «no cumplen con los requisitos de los programas y terminan encarcelados en lugar de seguir recibiendo el tratamiento necesario», destaca Insight Crime en un trabajo publicado este miércoles en su sitio en internet.
Insight Crime considera que aunque ambas posiciones tienen sus méritos, un estudio a largo plazo y patrocinado por el gobierno de Estados Unidos encontró que los tribunales de drogas «efectivamente ahorran dinero y reducen las tasas de reincidencia».
«Si Argentina avanza con esta propuesta, será importante que las autoridades lleven a cabo estudios similares y definan los programas basándose en los resultados de esos análisis», recomendó Insight Crime.
Fuente: Insight Crime, La Nación.
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