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Autoridades culturales y gubernamentales de República Dominicana criticaron fuertemente que el premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, reciba el premio internacional Pedro Henríquez Ureña luego de haber criticado fuertemente las políticas migratorias del Gobierno dominicano.
Gran polémica se ha generado en el país caribeño una vez que se conoció que un panel independiente de intelectuales dominicanos y extranjeros le entregarán a Llosa el galardón “a la productividad literaria, la crítica y la creación de pensamiento en la obra de toda una vida”, que entrega el ministerio de Cultura en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.
La casa de Gobierno emitió la noche de este lunes un comunicado en el que califican la decisión como “inapropiada”.
Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, señaló que Vargas Llosa “realizó pronunciamientos agresivos y falaces sobre las leyes dominicanas”, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) de ese país ordenara iniciar juicios individuales para anular la nacionalidad dominicana a todas aquellas personas nacidas entre 1929 y el 2007 de padres extranjeros que no tuviesen permisos de residencia.
En esa oportunidad el literato aseveró que la decisión en contra de los inmigrantes “es una aberración jurídica” y la comparó con “leyes nazis”.
Sin embargo, cuando el galardonado recibió la noticia de la obtención del premio envió una carta de agradecimiento al Ministerio de Cultura: “Pese a ese antecedente, que se me conceda este premio habla muy bien del espíritu democrático, tolerante y abierto que por fortuna parece prevalecer en el país”.
Pero el tema de la presunta apatridia que ha generado el Gobierno dominicano con su ley contra los inmigrantes ilegales también generó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual este martes 9 de febrero exigió al país caribeño regresarle la nacionalidad a todos los afectados.
“Devuelvan la nacionalidad”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a República Dominicana que devuelva la nacionalidad a todos los nacidos en el país afectados por la polémica sentencia del Tribunal Constitucional.
El documento insta al Ejecutivo a dejar sin efecto la decisión del TC que presuntamente dejó a “decenas de miles de personas” sin patria ni nacionalidad.
[adrotate group=”7″]La CIDH rechaza que “sean tratadas como extranjeras” personas nacidas en territorio dominicano y a las que, de acuerdo a la legislación del país, les correspondía la nacionalidad dominicana, y lamenta que aún no se cuente con un mecanismo que les restituya plenamente su nacionalidad a ellos y sus descendientes”.
“La situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 y que aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de una magnitud nunca antes vista en América”, afirmó el comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los Derechos de los Migrantes.
Ante este comunicado del organismo internacional, el Gobierno dominicano lo calificó de “inaceptable”.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores el informe fue elaborado con “datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones”; y asegura que las políticas del Estado dominicano no tienen un fin discriminatorio ni fomentan la apatridia.
Recuento
El Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana creó en 2014 un plan de naturalización dirigido a los descendientes de extranjeros nacidos en ese país.
El “Plan de Regularización de Extranjeros” establece que las personas nacidas en ese país después de 1929, cuyos padres sean trabajadores indocumentados, no tienen “el derecho al suelo” que les otorgaría la ciudadanía. Es decir, todas las personas con linaje no dominicano que nacieron después de 1929 serán deportados. Un 87% de afectados son haitianos.
Según Amnistía Internacional, a las personas que carecen de documentos de identidad y en la práctica son apátridas, se les niega una diversidad de derechos humanos y la plena participación en la sociedad. Sufren restricciones cuando intentan realizar gestiones y actividades sociales básicas, como abrir una cuenta bancaria, activar un teléfono móvil o comprar a crédito.
