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La Comisión especial de siete legisladores exculpó a Evo Morales y a todos los involucrados en el caso que investiga sobre el presunto tráfico de influencias entre la empresa china CAMC, la examante del mandatario y funcionarios del Gobierno.
Los legisladores del oficialismo que integran la comisión determinaron exculpar del delito al presidente Evo Morales y a los tres implicados en el caso; y remitieron a la Contraloría recomendaciones para procesar a ocho funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas; mientras los cinco parlamentarios opositores protestaron por esta decisión y presentaron su informe en minoría.
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La parte conclusiva del informe dice lo siguiente:
Improbado el tráfico de influencias. No existe una sola prueba que evidencie uso indebido de influencias en los procesos de contratación analizados, pese a las solicitudes públicas realizadas por la comisión de presentar pruebas, ni los entrevistados, menos ciudadanos particulares, medios de comunicación o asambleístas aportaron elementos que vinculen al presidente Evo Morales con los procesos de contratación, con la suscripción de los contratos ni con decisión alguna relacionada a la empresa china CAMC.
La comisión de mayoría oficialista estableció que ninguno de los señalados en primera instancia como Evo Morales, Gabriela Zapata, Cristina Choque o Jimmy Morales cometieron algún delito en la suscripción de los siete contratos analizados entre la empresa CAMC y el Ejecutivo.
«Los contratos con la empresa CAMC no se firmaron ni gestionaron en las oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social. Los procesos fueron desarrollados con convocatorias públicas» señala el informe.
Por su parte, el senador opositor Óscar Ortiz dijo que el MAS, partido de Gobierno, aceleró las conclusiones acusando a nuevos funcionarios y salvando la responsabilidad de las autoridades. Señaló que ante esta situación los opositores prepararon otro informe.
En el documento opositor, los diputados hicieron cuatro recomendaciones: derogar las resoluciones sobre los contratos investigados; continuar con el trabajo de la comisión porque falta convocar a Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia y Evo Morales, primer mandatario.
Además exige realizar una inspección a las obras con peritos independientes e investigar el programa «Evo cumple«, el Fondo Indígena y la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia.
Ante este pronunciamiento de los diputados, Eduardo León, abogado de Gabriela Zapata aseguró que esta decisión beneficia a su cliente porque la desliga del presunto tráfico de influencias que hubiera cometido, ratificando su inocencia.
Cabe destacar que Zapata guarda detención preventiva en la cárcel desde el pasado 28 de febrero. Se la procesa por los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de bienes, en grado de complicidad.
Fuente: El Deber.
