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El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, quien había anulado en la mañana del lunes 9 de mayo el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, «recalculó» en la noche y anuló su propia decisión.
Con esta nueva medida de Waldir Maranhão, el juicio político de la presidenta, programado para este miércoles 11 de mayo, sigue su curso como estaba previsto en el Senado. Serán los senadores quienes decidirán mañana, por mayoría simple, si Dilma debe abandonar su cargo por al menos 180 días; de ser así, asumiría el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
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“Revoco la decisión por mí instruida el 9 de mayo, por medio de la cual anulaba las sesiones parlamentarias de la Cámara de Diputados de los días 15, 16 y 17”; establece el comunicado final.
La Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió la revocación de Waldir Maranhão a las 00h20 con dos cartas firmadas, una con la decisión y otra dirigida al presidente del Senado, Renan Calheiros, quien horas antes había asegurado que el juicio político continuaría a pesar de la primera decisión del presidente del Congreso.
Una vez que Maranhão intentó retrasar el juicio político contra Rousseff, la presión y el descontento surgió desde todos lados. Su partido amenazó con expulsarle, la prensa favorable al impeachment comenzó a reprocharlo y el presidente del Senado ignoró la decisión calificando su decisión de «tontería antidemocrática».
La prensa brasileña asegura que el presidente de la Cámara de Diputados rectificó su decisión por el temor de ser expulsado de su partido.
Debido a la primera decisión de Maranhão estaba en duda la lectura del informe de la comisión especial sobre el juicio político en la sesión del lunes en el Senado, ya que era una condición previa para la votación que se llevará a cabo este miércoles.
Para este miércoles solo se necesita una mayoría simple en el Senado para apartar a Dilma de su cargo de manera temporal; mientras que para el juzgamiento final, se necesita una mayoría de dos tercios para destituirla definitivamente.
Rousseff es acusada de violar la ley de responsabilidad fiscal y aprobar créditos sin autorización del Congreso, aunque pesan sobre su Gobierno como agravantes además la crisis económica generalizada y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que involucran a partidos oficialistas.
Dilma Rousseff es la segunda presidenta de Brasil sobre cuyo mandato pesó un pedido de juicio político. En 1992, el Congreso brasilero enjuició por corrupción a Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien renunció antes de la conclusión del proceso.
