Hablar de terrorismo en Chile parece exagerado, pero en ese país con frecuencia ocurren atentados incendiarios con los cuales bandas delictivas, en defensa de sus ideales, atacan la propiedad privada sin que el Gobierno manifieste ni preocupación, ni soluciones.
El pasado 7 de junio se llevó a cabo un nuevo ataque que destruyó una barraca en Victoria, al sur chileno. El hecho fue casi al unísono con otro que dejó dos camiones destruidos en las cercanías de Pidima.
El accionar de una veintena de encapuchados dejó pérdidas totales. La barraca pertenecería al concejal por el municipio de Victoria, Marco Baratta.
Baratta está desesperado porque, ante la situación, el Gobierno de Bachelet no ofrece respuestas. Al mismo tiempo, se convierte en testigo de cómo pasan los días y su propiedad se pierde entre los escombros y las cenizas, sin que haya justicia. El concejal difundió un video a través de las redes sociales, en el cual se muestra afectado y exige que se den soluciones.
El concejal no es la única víctima de estos ataques. Minutos después del atentado contra su propiedad, se confirmó un tercer ataque que destruyó una casa patronal en un fundo ubicado entre Victoria y Curacautín.
En abril, en la Araucanía, una de las regiones más pobres del país, otro incendio intencional consumió una capilla Católica. Al parecer los responsables dejaron pruebas de que con este ataque exigen la libertad de los presos mapuches.
En mayo se repitió el mismo tipo de atentado, cuando un grupo de desconocidos quemaron dos camiones, un galpón y un furgón, en un sector rural.
Todos los delitos se relacionan con el llamado conflicto mapuche, que desde hace varios años afecta a ambas regiones, donde algunas comunidades reclaman tierras que consideran ancestrales y que están en manos de empresas forestales y agrícolas.
El conflicto ha derivado en la muerte violenta de varios comuneros, policías y agricultores, ataques incendiarios a propiedades, bosques y vehículos, así como varias decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos.
Aunque el Gobierno de Bachelet ha interpuesto querellas citando la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado, los propietarios de las zonas afectadas no obtienen respuesta. Analistas aseguran que existe complicidad con el Estado.
¿Complicidad?
Andrea Kohen, historiadora, economista, licenciada en educación y además columnista de PanAm Post asegura que
Gracias a Bachelet el crimen y la impunidad vinculados con la causa reinan en Chile.
Kohen asegura que la causa Mapuche es mal entendida por algunos originarios que reclaman lo que los conquistadores les arrebataron, y dicha «causa» es presuntamente utilizada por el Partido Comunista para obtener poder de negociación frente al Estado.
«No es coincidencia que estemos presenciando la delincuencia desatada y el terrorismo impune. La ideología puede empoderar o anular a un gobierno, y es claro que la ideología de la administración Bachelet anula cualquier efectividad contra el despojo», sentenció.
