Jugada política o Dakazo: ¿Qué se esconde detrás de la repentina “abundancia” de productos importados en Venezuela?

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Existen varias hipótesis: O el Gobierno está preparando una jugada política como el Dakazo de 2013 o busca crear “vitrinas de prosperidad” para desmontar el referendo revocatorio (ACN)

En un país con una economía “socialista” llena de controles estatales, crea suspicacia que en supermercados y locales comerciales se permita “libremente” la venta de productos importados a elevados precios.

En las últimas semanas en los anaqueles del país suramericano han empezado a aparecer alimentos que escaseaban, pero con la particularidad de que no son producidos en Venezuela y que los precios son inasequibles.

No se consigue pasta, arroz, azúcar ni aceite de producción nacional; pero empiezan a venderse los mismos productos traídos de otros países.

Al tiempo que existen leyes instauradas por el Ejecutivo que controlan desde la producción, la distribución y los precios, el Gobierno se está haciendo de “la vista gorda” y está permitiendo que en algunos comercios se vendan alimentos importados; esto, a pesar de que existe un control cambiario y una ley de Costos y Precios Justos que evitan que esto suceda.

Surgen varias hipótesis a partir de esta actitud extrañamente permisiva por parte del Gobierno de Nicolás Maduro: O está preparando una jugada política como el Dakazo de 2013 que lo llevó a la victoria en las elecciones presidenciales, o es una vitrina irreal para aparentar que los anaqueles están llenos de productos, a pesar de que no puedan ser comprados.

Sin anunciar ningún cambio formal en la política, el gobierno de Venezuela ha comenzado a renunciar a imponer controles de precios en los supermercados privados, que no han visto inspectores desde julio.

Se desconoce cuál es el tipo de cambio empleado para la importación de estos productos. De acuerdo con el chavismo, la tasa que corresponde a los alimentos es la de 10 bolívares (USD$ 0,01), lo que contrasta con los costos de estos productos traídos del extranjero.

“Lo poco que se importa lo trae el gobierno. Y se está vendiendo a precios internacionales inaccesibles para los venezolanos. Si tienen las divisas por qué no liberan el control cambiario”, se cuestiona Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

Mientras, el gobierno ha ordenado a los productores a vender la mitad de sus mercancías al sistema estatal que vende alimentos regulados a los pobres y miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El resto se puede vender al precio que quieran.

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No solo pareciera ser una política discriminatoria en la que los chavistas pueden acceder a productos baratos, sino que también pareciera ser una “jugada maestra” para dar alguna estocada, en el marco de la cercanía de un referendo revocatorio y unas elecciones regionales pautadas para el 2017.

Suspicacia ante una “libertad temporal”

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Víctor Maldonado dijo a PanAm Post que desconfía plenamente del Gobierno, pues si realmente quisiera eliminar los controles hechos ley, ya lo hubiera hecho.

Maldonado asegura que el Gobierno por razones de conveniencia busca levantar “su caída popularidad” y para ello está creando “vitrinas de bienestar y prosperidad” como un esfuerzo propagandístico para contrarrestar la realidad de la crisis económica.

El representante gremial señaló que los empresarios siguen sometidos “a los torniquetes” de una ley de ilícitos cambiarios que prohíbe a los empresarios una iniciativa de este tipo.

Los empresarios tienen que saber que todas esos grados de “libertad temporal” así como si se hubiese declarado una tregua, no asegura de ninguna manera la seguridad de la empresa porque sigue vigente la Ley de Costos y Precios, la Ley de ilícitos cambiarios, y la impunidad con la que actúan colectivos y grupos paramilitares. Esto que parece pan para hoy puede ser hambre para mañana, porque en cualquier momento puede llegar un funcionario, decomisar la mercancía y meter presos a los empresarios que están vendiendo estos productos. El ordenamiento legal sigue siendo el mismo.

Dijo además que para alimentar a más de 30 millones de venezolanos, se necesita producir y complementar con importaciones alrededor de 30.000 toneladas por día que no se están produciendo; aseguró que “estos son espejismos propagandísticos para crear una falsa imagen de prosperidad que en ningún lugar se ve”.

Mientras aparecen los productos importados que se mantienen en los anaqueles porque son pocos los venezolanos que pueden acceder a ellos, del otro lado está un consumidor devastado por los precios, muy empobrecido y extenuado por años de sufrimiento y penuria económica.

Y ante la posibilidad de un posible “Dakazo” para finales de año, Maldonado respondió: “este es un gobierno expoliador irrespetuoso de los derechos de propiedad, que se vale de espectáculos televisivos para con propaganda contrarrestar una realidad desastrosa”. Al representante gremial no le extrañaría que una situación como esa vuelva a suceder.

En 2014 se revivió una versión de la revuelta navideña de 2013 conocida como “El Dakazo”. En noviembre 2013 el Gobierno de Maduro obligó al sector privado la rebaja de precios de electrodomésticos de hasta 77 %, medida que disparó la demanda y causó la desaparición de múltiples productos en la víspera de la Navidad. Esta corrida de compras trajo consigo saqueos y daños graves a la propiedad privada en los principales centros urbanos del país.

Gracias a “El Dakazo”, Nicolás Maduro, quien fungía como vicepresidente de Venezuela, logró ganar las elecciones presidenciales que lo llevaron a encabezar el actual Poder Ejecutivo.

Jugada política y “estocada” a la oposición

El analista político y profesor universitario Jorge Tricás considera que más que un posible “Dakazo”, el Gobierno busca ganar terreno en lo político, sacrificando la economía del país.

Tricás señaló a PanAm Post que el Gobierno de Nicolás Maduro intenta desmontar el discurso opositor de la escasez, en el marco de las cercanía de un referendo revocatorio.

Dijo que de esa manera, el oficialismo busca paliar la inconformidad de una clase media desesperada por conseguir alimentos “al precio que sea”, mientras que con las bolsas CLAP, sacia la necesidad de la clase baja que no logra acceder a los productos básicos.

Para Tricás el Gobierno estaría dejando sin argumentos a una oposición que “vendió” el referendo revocatorio bajo un discurso de escasez, y no bajo un discurso de falta de libertades políticas, civiles y económicas que realmente son la causa del problema.

El analista político no descarta la idea del posible “Dakazo” pero se inclina ante la idea de que el Gobierno busca desmontar el referendo revocatorio y recuperar su imagen a nivel nacional e internacional.

“La jugada es llenar los anaqueles con productos muy caros para una clase que está quejosa, reclamando un referendo revocatorio con el sustento de la escasez, y a eso se suma un nuevo aumento de salario que está por venir […] La gran jugada es dejar sin base el referendo revocatorio”; sentenció.

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