Por sumiso a la dictadura, enviado de Venezuela en ONU pierde voz ante examen de derechos humanos
La Defensoría del Pueblo de Venezuela fue degradada a categoría “B” por parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés); razón por la cual el despacho de Tarek William Saab no podrá tener voz ni defenderse ante el Consejo de Derechos Humanos.
El revés para Venezuela se da apenas una semana antes de que se lleve a cabo el Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos.
La medida en la práctica implicará que Saab no podrá hablar durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, al que se someterá Venezuela la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ganhri considera que la Defensoría del Pueblo del país suramericano “no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los Derechos Humanos”; y además asegura que la dicha oficina es sumisa ante el régimen de Nicolás Maduro.
La decisión tomada por el organismo internacional, obedece a las denuncias creíbles y probadas de grandes abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades del país suramericano.
Ganhri es una organización que coopera con Naciones Unidas y está constituida por las instituciones nacionales de derechos humanos de los países miembros de la ONU. Cada cinco años examina el desempeño de cada una, para verificar su efectiva independencia en los términos establecidos en los Principios de París.
En mayo de 2015 la instancia internacional le dio al Defensor venezolano, Tarek William Saab, un año para “demostrar” que era “independiente” del Gobierno y que estaba preparado para “hablar alto y claro en relación con las principales cuestiones de Derechos Humanos”.
Sin embargo, en doce meses Saab no cuestionó el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no promovió la liberación de los presos políticos y no se manifestó en contra de las deportaciones masivas de colombianos; lo que llevó a la instancia evaluadora a concluir que la Defensoría no es más que un apéndice del Ejecutivo.
Fuente: El Nacional; El Universal
