La Policía de Bolivia desconoce el paradero de uno de los dueños de la aerolínea LAMIA, Marco Rocha.
Según informaciones obtenidas por el cuerpo de seguridad boliviano, Rocha podría encontrase en Colombia.
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Rocha dueño de la empresa junto al fallecido piloto Miguel Quiroga y el gerente general Gustavo Vargas, es investigado por la justicia. “Hemos solicitado a migración que nos envíe el flujo migratorio para ver si se encuentra en el país”, informó el fiscal general Ramiro Guerrero.
Sobre los presuntos responsables pesan acusaciones como incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, desastres en medio de transporte, homicidio, homicidio culposo, lesiones gravísimas y lesiones culposas.
La jueza anticorrupción Albania Caballero ha ordenado este jueves que el principal gerente de la aerolínea boliviana LAMIA entre en prisión por su presunta implicación en el accidente.
“Se determina la detención preventiva del imputado, Gustavo Vargas Gamboa, por encontrarse evidencias de delito culposo y determinarse algunos riesgos procesales”, señaló.
El director general de la compañía fue detenido este martes en el marco de un operativo en el que los fiscales encargados del caso recuperaron una gran cantidad de información de las oficinas tanto de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Bolivia (AASANA) como de la aerolínea en el aeropuerto de Viru Viru, desde donde salió el avión, y en las sedes de ambas entidades.
Entre las pruebas que los inculpan se encuentran documentos de la aerolínea que establecen que habían presentado dos planes de vuelos distintos, con la misma fecha, para dos equipos de fútbol diferentes, el Chapecoense y el Sol de América, de Paraguay.
Otro de los textos establece que la compra de combustible la había realizado el técnico Erwin Tumiri, uno de los seis supervivientes del accidente, pero no para la ruta Santa Cruz-Medellín que tenía previsto realizar el avión antes de estrellarse, sino para la ruta Santa Cruz-Cobija, un vuelo de apenas 2.000 kilómetros de distancia.
Además de Vargas, continúa la investigación en torno a Celia Castedo, la funcionaria de la AASANA que había pedido a la compañía que cambiara su plan porque la autonomía de la aeronave era muy ajustada para el trayecto previsto y que, tras huir a Brasil, donde ha solicitado asilo, ha denunciado haber sufrido presiones y hostigamientos por parte de sus superiores.
El Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero adelantó además que en las próximas horas se llamará a declarar a César Varela, el suspendido director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
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Sobre la citación se indicó que se han recabado los instrumentos legales, los decretos y reglamentos que se tenía y que toda la información de la línea aérea está siendo procesada para delimitar y ver las responsabilidad de cada institución.
La autoridad destacó que se está viendo los conductos regulares que se debían seguir y qué rol cumplía cada funcionario y sus superiores para determinar quien autorizó la salida del vuelo.
Lamia, que tuvo origen venezolano, pero luego se constituyó en una empresa boliviana, según sus ejecutivos, obtuvo el 21 de julio del 2015 un “Certificado de Explotador de Servicios Aéreos” para realizar vuelos chárter nacionales e internacionales, con la firma de un jefe interino de esa institución, el general Edgar Pereyra.
Además, la Fiscalía General de Bolivia informó que el director nacional de LAMIA, Gustavo Vargas Gamboa, solicitó en 2014 el permiso para importar el avión AVRO RJ 85 (la nave siniestrada la semana pasada) y lo obtuvo de su hijo, Gustavo Vargas Villegas, que era el Director del Registro Aeronáutico Nacional de DGAC.
Retención de aviones
El Ministerio Público embargó los aparatos de LAMIA estacionados desde hace dos años en los hangares de mantenimiento de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de la central ciudad de Cochabamba.
Ambas aeronaves se encuentran a disposición del Ministerio Público en calidad de posibles elementos relacionados con un delito o como producto de su comisión, puesto que tienen vinculación íntima con el hecho investigado, aseveró la fiscal.
La aeronave de LAMIA siniestrada partió el 28 de noviembre del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y se precipitó a tierra el mismo día por falta de combustible en la región de Antioquia, Colombia, con un saldo de 71 fallecidos, de los cuales cinco eran bolivianos.
En el accidente perdieron la vida casi todos los miembros del equipo brasileño de fútbol Chapecoense y más de una veintena de periodistas. Solo sobrevivieron cinco personas, entre pasajeros y tripulantes.