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Más de 20 panaderías cerradas, 2 ocupadas por el gobierno y 4 detenidos es el saldo que ha dejado la fiscalización implementada por el régimen de Nicolás Maduro a las panificadoras en Caracas.
Más de 700 panaderías hay en la capital venezolana; la mayoría de ellas ha sido fruto de trabajo y sacrificio de migrantes que desde hace más de treinta años laboran en Venezuela y han prosperado gracias a la producción del pan.
Sin embargo, el régimen emprendió una fiscalización que no solo ha creado incertidumbre en el sector comercial del país; sino que además ha ocupado al menos dos panaderías y las dejó en manos de chavistas sin experiencia y militares.
Emilio Dos Santos, dueño de la panadería Mansion’s Bakery, la cual fue intervenida por el Gobierno, aseguró que el local fue tomado por delincuentes.
Los portugueses que llegaron a este país han sido el más digno ejemplo de trabajo y esfuerzo. Hoy son asaltados por los delincuentes del rég pic.twitter.com/JnJWaJ5Ge7
— Mónica Corrales Malvic (@monicacorrales) March 18, 2017
«Llegaron para cerrar la panadería por 90 días porque supuestamente no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento. La seguridad del Estado mandó a cerrar, me sacaron a patadas del local y ahora tienen a unos malandros atendiendo la panadería», indicó.
El comerciante, de origen portugués, aseguró que el superintendente nacional de Precios Justos, William Contreras, entró arbitrariamente al comercio y lo amenazó con cerrarlo. Señaló que Contreras no le permitió defenderse ni justificarse durante la intervención: «Me quedé sin trabajo», sentenció.
Dos Santos dijo que tenía 25 años trabajando en la panadería: “La gente de los edificios cercanos está conmigo. Lo único que le pedimos al Estado es que le devuelvan todas las panaderías a sus dueños”.
“La seguridad del Estado perjudicó a una familia inmigrante que tenía décadas trabajando por el país y también afectó a la comunidad que durante 25 años compraron el pan en este lugar. Esta gente, que no sabemos quién es, está dañando la tradición”, agregó.
Y es que a través de las redes sociales se conoció que uno de los nuevos encargados de la panadería es el militante del partido oficialista José Solórzano; quien en 2004 fue capturado en fotografías por tumbar una estatua de Cristobal Colón.
VENE: Panaderias Privadas pasan a ser COMUNITARIAS ipso-facto! pic.twitter.com/ErrTKVJcMq
— IgenLMT @EnkiVzla ?? ?? ?? ?? (@EnkiVzla) March 20, 2017
Ser comerciante en Venezuela: un riesgo
Las panaderías en el país suramericano no solo deben enfrentar el control de precios, de cambio y el monopolio gubernamental de la importación de materia prima; sino que además están obligadas “les guste o no” a cumplir con tres requisitos: producción continua, regulación de materia prima y verificación de la legalidad de los insumos.
En una entrevista para PanAm Post, Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas explicó que gracias a esta amenaza de expropiación y al recrudecimiento de los controles están en riesgo al menos 7.000 empleos en Caracas. Con esta nueva medida el gobierno logrará la extinción del pan en el país caribeño.
Maldonado comentó que, al igual que el resto de las empresas que dependen de materia prima importada; lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha dejado de importar harina de trigo que en Venezuela no se produce.
Se necesitarían más o menos un millón de toneladas al año de harina de trigo para satisfacer las expectativas de pan y otros productos como pasta y galletas.
“El gobierno monopolizó la importación de todos los insumos alimenticios y todo lo que monopoliza el gobierno termina siendo una trampa de ineficiencia y corrupción que la paga el consumidor y colapsa las empresas”, señaló.
El representante gremial explicó que el problema es que el pan de consumo cotidiano (canilla) está regulado a un precio que no puede compensar los costos de producción; costos que se ven impactados por a veces tener que adquirir la harina a un dolar, que no es el preferencial o en su defecto a revendedores informales.
Dijo que en este momento están en cuestionamiento al menos 7.000 empleos vinculados a las 700 panaderías en Caracas porque el gobierno va a obligar a vaciar los inventarios para regalar el pan a un precio que no tiene que ver con la situación económica del país.
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