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La Comisión Internacional de Juristas acusó al Tribunal Supremo de Venezuela de ser un brazo del régimen de Nicolás Maduro y de haber efectuado un golpe de Estado en el país suramericano.
La ONG formada por especialistas en derecho de todo el mundo, denunció que el TSJ de Venezuela usurpó los poderes y funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, anulándola casi por completo.
El informe fue divulgado al margen del 36 período de sesiones del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El estudio sostiene que el tribunal ha sido «tomado» por el Ejecutivo, que sus miembros son militantes o exfuncionarios del partido gubernamental, y que se ha convertido supuestamente en un instrumento político usado contra la oposición.
El documento de la Comisión Internacional de Juristas establece que mediante dos sentencias dictadas el 27 y el 28 de marzo de 2017, el TSJ «reclamó efectivamente poderes legislativos privando a la Asamblea Nacional de sus atribuciones constitucionales y otorgando amplios poderes judiciales al Ejecutivo».
«Estas decisiones equivalen a un golpe de Estado contra el orden constitucional y han dado paso a un nuevo estado de arbitrariedad», dijo Sam Zarifi, secretario general de la CIJ.
«La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha dejado de actuar como una corte independiente que aplica la ley y el orden y se ha convertido en un brazo de un Ejecutivo autoritario»; señaló.
La Comisión denuncia además que el máximo tribunal no haya aplicado las recomendaciones de varios estamentos de la ONU y mecanismos interamericanos, y que haya violado el principio de la separación de poderes.
Y es que desde que en 2016 se instaló la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela de mayoría opositora, el Tribunal Supremo de Justicia adoptó funciones legislativas y penales contra el Parlamento.
Antes del autogolpe instaurado por el TSJ en el que usurpó poderes de la AN, ya existían 54 fallos que atentaron contra la oposición en la AN.
Recuento
La primera sentencia del TSJ que atentó contra el Parlamento, se dio el 30 de diciembre de 2015 cuando suspendió las proclamaciones de Diputados del Estado Amazonas violando su inmunidad parlamentaria. Las elecciones en ese estado fueron impugnadas y todavía dos años después no hay diputados que representen a dicha entidad.
El 20 de enero de 2016, a través de una sentencia, el Poder Judicial ordenó a todos los Poderes públicos a cumplir con una Emergencia Económica declarada por Nicolás Maduro; situación que debió primero haber sido discutida en el seno del Parlamento.
El 11 de febrero de 1026, la Sala Constitucional del TSJ puso en vigencia el Decreto de Emergencia Económica; esto a pesar de su no aprobación en la AN.
Otro fallo que anula las funciones del Parlamento se dio el primero de marzo de 2016 cuando el TSJ decidió suprimir a la AN en sus facultades de control político. Con ese falló decidió que el Parlamento no puede interpelar ni investigar a funcionario públicos.
Y así con estas y otras sentencias, el TSJ solo ha trabajado para beneficiar al Poder Ejecutivo con sentencias que anulan por completo las decisiones de la Asamblea Nacional escogida por el pueblo.
Fuente: Diario Las Américas
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