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El presidente de Brasil, Michel Temer, será investigado por otro caso de corrupción vinculado con un decreto sobre el sector portuario con el que presuntamente habría favorecido los negocios de una empresa privada.
La Corte Suprema de Brasil informó este martes 12 de septiembre que la investigación se da tras las sospechas de que un artículo de la ley fue alterado como un «favor político» a la empresa Rodrimar.
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La solicitud para averiguar el papel de Temer en la emisión de ese decreto fue presentada por la Fiscalía General, que tiene otras investigaciones en curso contra el mandatario.
La base para estas nuevas sospechas es que el decreto, firmado en mayo pasado, habría facilitado negocios de Rodrimar en el puerto de Santos, a cambio de sobornos pagados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer.
Según la Constitución brasileña, un mandatario en pleno ejercicio del cargo solo puede ser llevado a un juicio penal con el aval de la Cámara baja solo si el delito en cuestión hubiera sido cometido desde el poder, lo que sería el caso si se probaran estas nuevas sospechas.
Esta nueva investigación se suma a otras abiertas contra Temer por acusaciones del grupo JBS cuya validad legal ha sido puesta en duda, lo que podría llegar a invalidar esos testimonios.
Además, otro frente judicial le acusa de haber dirigido una red de corrupción tejida por el PMDB en la Cámara de Diputados, sobre la cual la Policía Federal aseguró este lunes que existen serios «indicios» de que recibió sobornos de empresarios a cambio de diversos favores políticos.
Temer reaccionó este martes mediante una nota oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en la que se alertó de que las acusaciones «sin pruebas» suponen un riesgo para Estado de Derecho.
«El Estado Democrático de Derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, cohibir la barbarie del castigo sin pruebas y evitar toda forma de injusticia», pero «en las últimas semanas Brasil ha visto exactamente lo contrario», indicó la nota.
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