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Noventa días tras las rejas cumplió el preso político Carlos Graffe, uno de los 419 venezolanos que por luchar contra la dictadura en Venezuela fue privado de libertad; su caso resume cómo el régimen de Nicolás Maduro viola constantemente los derechos humanos, civiles y políticos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual Venezuela es firmante, establece que «toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad»; sin embargo, Carlos Graffe no puede hacer uso de ese derecho; noventa días después de haber sido apresado, sus abogados no tienen acceso a su expediente ni modo de ejercer la legítima defensa.
Este miércoles 11 de octubre Graffe fue trasladado de forma sorpresiva desde la cárcel de Ramo Verde hasta el Fuerte Paramacay, sede del tribunal militar que lleva su caso; esto, para que se llevara a cabo la audiencia preliminar; sin embargo no existió el debido proceso: los abogados no fueron notificados, y aún no les permiten el acceso a la acusación formal.
A estas alturas se desconoce si la Fiscalía ratificó su acusación, ya que cumplidos los 45 días continuos reglamentarios, la defensa de Graffe desconoce qué delitos se le están imputando.
Y es que al momento de la detención, Carlos salía de una consulta médica y fue interceptado por hombres sin identificación, lo obligaron a entrar a un vehículo con placa militar, y se lo llevaron sin cumplir el debido proceso. No hubo orden de detención.
Oswaldo Graffe, padre del preso político, denunció a PanAm Post que la audiencia «irregular» no fue notificada ni a sus familiares ni a sus abogados.
«¿Cómo se lleva a cabo una audiencia donde el acusado no tiene a su abogado defensor con él?, la juez le propuso a Carlos que aceptara un defensor público pero él se negó y alegó que tiene a sus abogados y exigía allí su presencia»; explicó.
Ante la situación, la audiencia presuntamente fue diferida y la juez determinó que la próxima oportunidad debería ser el 3 de noviembre; pero esta información aun no ha sido confirmada formalmente porque no ha habido notificación alguna. De nuevo se viola el derecho al debido proceso y a la legítima defensa.
«Ratifico, no tenemos acceso al expediente, es imposible armar su defensa, ¿Cómo se puede defender a un acusado, si no sabes de qué lo acusan, ni qué elementos de prueba fueron presentados y no estás al tanto de saber de qué se trata todo el juicio?; resaltó el padre de Graffe.
Aunque los familiares y abogados no han podido acceder al expediente, el preso político habría sido imputado por los delitos de instigación a la rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); sin embargo, hasta el momento se desconocen las pruebas en su contra.
«Carlos no es culpable de nada distinto a luchar por un país en el que hayan oportunidades para todos que su caso está conformado por un montaje de pruebas falsas»
Salud gravemente comprometida
En el caso de Carlos Graffe no solo se viola diariamente el derecho a la legítima defensa y al debido proceso; en su caso particular tampoco existe el derecho a la salud.
Carlos Graffe ha debido ser operado por cuatro cálculos renales que permanecen en su riñón; aunque la cirugía debió ocurrir en julio, el régimen de Nicolás Maduro y el sistema de «justicia» le han impedido el acceso a una atención médica adecuada.
«En la audiencia de presentación el 14 de julio se le entregó a la juez los informes médicos que respaldaban nuestra solicitud de que se atienda su problema renal y aún, a la fecha de hoy, las autoridades del penal de Ramo Verde ni las autoridades judiciales han atendido el caso»; señaló el señor Oswaldo.
NOTA: La Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
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