Una vez más la petrolera estadounidense Chevron asestó un duro golpe contra el expresidente Rafael Correa y sus esfuerzos para que el Estado ecuatoriano se apropiara de millones de dólares pertenecientes a dicha empresa.
En esta oportunidad el Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazó la sentencia ecuatoriana que obliga el pago de la petrolera por USD $9.500 millones a Ecuador.
El juez Luis Felipe Salomão sentenció la falta de jurisdicción brasileña y la extensa evidencia de fraude y corrupción en este caso, por lo que reconocer la sentencia del Poder Judicial en Ecuador sería una “violación al orden público”.
Chevron celebró la decisión del juez y la calificó como “sólidamente fundamentada, inequívoca y consistente”.
La decisión del juez Salomão coincide con las conclusiones de las cortes y autoridades de distintos países, incluyendo la posición del Ministerio Público Federal de Brasil (MPF), que encontró que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable.
Ante esto, Chevron Corp reaccionó: “Seguimos creyendo que cualquier corte que respete el Estado de derecho encontrará igualmente que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable”.
Debido a que Chevron no tiene activos en Ecuador de donde el Estado puedan satisfacer la sentencia ecuatoriana que es por USD $9.500 millones, este se ha visto obligado a salirse a otros países para tratar de ejecutar esta sentencia.
Para entender el rol del Gobierno ecuatoriano es necesario mencionar que Texaco (antes de ser adquirida por Chevron) fue operador de los campos petrolíferos en Ecuador en la parte nororiental de la selva amazónica, en asociación con la empresa estatal Petroecuador, quien fuera socia mayoritaria de esas operaciones.
Petroecuador asumió las operaciones en junio de 1990 y el contrato con Texaco terminó en 1992, momento en que Texaco tuvo que negociar su salida del país.
Texaco tuvo la obligación de remediar un tercio de los sitios impactados con sus operaciones, a un costo entre 8 y 12 millones de dólares. La empresa cumplió y firmó un acta final. Lamentablemente, Petroecuador nunca remedió su parte y hay impactos que se mantienen en la zona.
Lo que han pretendido los abogados acusadores es hacer que Chevron pague por las obligaciones de Petroecuador y del Estado. Lo que hizo entonces el Estado fue unirse con los demandantes para insistir en que Chevron tiene responsabilidad en la región.
Los intentos de los demandantes ecuatorianos de ejecutar la sentencia fraudulenta en otras jurisdicciones también han encontrado resistencia. Los procuradores generales de Brasil y Argentina emitieron su opinión en mayo de 2015 y en abril de 2016, respectivamente, recomendando que sus cortes rechacen la sentencia ecuatoriana.
Jim Craig, uno de los representantes de la petrolera en América Latina, le explicó al PanAm Post que la sentencia contra Chevron en Ecuador se obtuvó a través de “medios corruptos”. Recordó que en marzo de 2014 una corte federal de los Estados Unidos declaró que el fallo es “inejecutable” porque hubo manipulación de testigos y fabricación de pruebas.
“La ley nos dio la posibilidad de descubrir evidencias relacionadas con el caso y descubrimos mucha información de actos de fraude, falsificación, conspiración con la corte y actores políticos en ese país”, señaló.
Fuente: Comunicado de prensa de Chevron.