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El pasado mes de noviembre el Gobierno de Ecuador, a través de su Procuraduría, estrenaron un costoso documental que desprestigia la imagen de la petrolera Chevron.
El rodaje tuvo un costo aproximado de USD $440.000, y en el se cuenta una historia que al final deja a Chevron como el villano de la historia. PanAm Post contactó a Jim Craig, uno de los representantes de la petrolera en América Latina para conocer la versión de la compañía estadounidense.
Craig denunció que el Gobierno de Rafael Correa ha utilizado recursos estatales para intervenir en demandas contra Chevron que calificó como «fraudulentas y corruptas».
El vocero de la petrolera recordó que en marzo de 2014 una corte federal de los Estados Unidos declaró que el fallo es «inejecutable» porque hubo manipulación de testigos y fabricación de pruebas.
¿Por qué se dice que la sentencia ecuatoriana fue obtenida por medios corruptos?
Antes de que saliera la sentencia ecuatoriana, Chevron ya estaba preocupada por la forma en que se estaba llevando el caso, había irregularidades que para nosotros eran obvias y que la corte en Ecuador iba ignorando a lo largo del proceso.
Chevron descubrió documentos que confirmaban lo que nosotros estábamos sospechando, e hicimos una serie de procesos en EE. UU. Allí las leyes federales permiten lo que llaman el descubrimiento de pruebas por medio de las cortes en asistencia a procesos judiciales en el exterior.
O sea, como nosotros teníamos un caso en Ecuador, la ley federal estadounidense permite que acudamos a las cortes norteamericanas para buscar información, y pedir órdenes judiciales que nos de acceso a la información relacionada con ese juicio en otro país.
La ley nos dio la posibilidad de descubrir evidencias relacionadas con el caso y descubrimos mucha información de actos de fraude, falsificación, conspiración con la corte y actores políticos en ese país.
Toda esa información la usamos en una demanda civil en EE. UU. contra los principales abogados del caso, sus asesores técnicos y los demandantes ecuatorianos.
De ese proceso en EE. UU. resultó en el año 2014 en una sentencia a favor de Chevron, donde la corte determinó que la sentencia ecuatoriana era producto de fraude, soborno y conspiración, y que no debía ser ejecutada en EE. UU.
¿Aún con esta sentencia en Estados Unidos ustedes deberán hacer algún pago millonario en Ecuador?
No, la sentencia ecuatoriana en este momento está en la última instancia judicial en la Corte Constitucional, y es una sentencia que ellos están intentando ejecutar, y están buscando por dónde cobrarle a Chevron.
Chevron no tiene activos en Ecuador de donde ellos puedan satisfacer la sentencia ecuatoriana que es por USD $9.500 millones, entonces se han visto obligados a salirse a otros países para tratar de ejecutar esta sentencia.
Han emprendido demandas de ejecución de sentencias en Argentina, Brasil y Canadá; esos procesos están en curso. No hay una decisión final en esos casos de ejecución, y obviamente Chevron se está defendiendo utilizando los mismos argumentos: la sentencia ecuatoriana es producto de fraude y estos países tampoco deberían permitir que se ejecute.
¿Por qué el Gobierno ecuatoriano insiste en desprestigiar a Chevron? ¿Qué hay detrás de tanta insistencia?
Para entender el rol del Gobierno ecuatoriano es necesario mencionar que Texaco (antes de ser adquirida por Chevron) fue operador de los campos petrolíferos en Ecuador en la parte nororiental de la selva amazónica, en asociación con la empresa estatal Petroecuador que fue el socio mayoritario de esas operaciones.
Petroecuador asumió las operaciones en junio de 1990 y el contrato con Texaco terminó en 1992, momento en que Texaco tuvo que negociar su salida del país.
Texaco tuvo la obligación de remediar un tercio de los sitios impactados con sus operaciones, a un costo entre 8 y 12 millones de dólares. Texaco cumplió y firmó un acta final. Lamentablemente Petroecuador nunca remedió su parte y hay impactos que se mantienen en la zona.
Lo que han pretendido los abogados acusadores es hacer que Chevron pague por las obligaciones de Petroecuador y del Estado. Lo que hizo entonces el Estado fue unirse con los demandantes para insistir en que Chevron tiene responsabilidad en la región.
Pero en los últimos años el Gobierno de Rafael Correa ha decidido involucrarse en el proceso ayudando a los abogados demandantes de manera secreta, y, de forma más pública, atacando la reputación de Chevron.
En los últimos años Correa ha emprendido una campaña que ha denominado como «la mano sucia de Chevron», con el fin de desprestigiar y presionar a la empresa para que pague una sentencia fraudulenta y multimillonaria.
Qué arreglos tendrán con los demandantes yo no sé, pero tienen varios años trabajando juntos.
¿Qué responde Chevron al largometraje auspiciado por el Estado ecuatoriano?
Es una maniobra más, una obra de ficción igual que la sentencia ecuatoriana. Lo que estamos viendo es una campaña del Gobierno para ayudar a los abogados corruptos que están detrás de ese caso. Esperemos que en algún momento el público entienda que estas cosas no tienen validez alguna.
Ojalá el Gobierno se canse de usar los recursos del Estado ecuatoriano para apoyar un fraude judicial que a nivel internacional es notorio.
¿Qué espera Chevron de un nuevo Gobierno y su actuación sobre el tema?
La verdad es que no he podido tocar este tema con la empresa ni conozco aún cual será la actitud de la empresa ante un nuevo Gobierno; sin embargo, nosotros vamos a continuar con nuestra idea. La empresa no tiene intención alguna de firmar un cheque a abogados corruptos y esperamos que el Estado ecuatoriano asuma sus obligaciones y que deje de usar fondos públicos de los contribuyentes ecuatorianos para apoyar un fraude.
¿Se puede estimar de alguna manera el monto millonario que ha dispuesto el Estado ecuatoriano para desprestigiar a Chevron?
No tengo una cifra exacta, pero obviamente ha sido carísimo porque el caso ya tiene años. Ha sido costoso no solo en términos de dólares, sino en los esfuerzos por tratar de afectar la imagen de la empresa.
Chevron está comprometido en defenderse desde este intento de extorsión y eso va a continuar. Los gastos de la empresa han sido en proporción al tamaño del fraude.
A continuación la sentencia emitida en Estados Unidos a favor de la empresa estadounidense en la cual se demuestran las pruebas de fraude y corrupción en el caso de la demanda contra Chevron en Ecuador:
