La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, introdujo ante el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de nulidad contra el decreto del Arco Minero.
Los magistrados perseguidos por el régimen de Maduro que también se encuentran fuera de Venezuela, recibieron un documento en el cual se condena la explotación de minerales en el estado Bolívar.
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Ortega Díaz aseguró que con el Arco Minero, Nicolás Maduro busca oficializar las estructuras mafiosas y cívico militares que están tras la explotación de los minerales; así como beneficiar los intereses de las grandes compañías a las que se les han otorgado los contratos.
“(Esto) es una reivindicación a la soberanía nacional. El gobierno de Maduro, en su afán de estar en el poder y de recibir oxígeno, porque está ahogado, porque todo el dinero se lo han robado, ha hipotecado a la nación y los valiosos recursos naturales que se encuentran en Bolívar”, indicó en rueda de prensa.
#ENVIVO Consigno recurso de nulidad contra el decreto del Arco Minero ante magistrados del @TSJ_Legitimo en Bogotá https://t.co/oVfRvxbtoa
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) November 2, 2017
Ortega Díaz dijo que buscan proteger el ambiente de una zona con una amplia biodiversidad y garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas que viven en la zona.
“Se han visto atacados, expulsados de su lugar de origen. Ellos nunca fueron consultados”; agregó.
Advirtió que con el Arco Minero se producirá un daño irreversible a los monumentos naturales del país, tales como los tepuyes, la parte baja del río Caroní y reservas forestales.
“La minería a cielo abierto, que es lo que hace el Arco Minero, también contamina los suelos y las aguas. En esto se utiliza cianuro, que es un contaminante: el daño que puede hacer a los suelos es irreversible. Si contamina las aguas, traerán enfermedades como la malaria (…) El cianuro trae como consecuencia cáncer de piel, intoxicaciones, enfermedades respiratorias, y otras tantas”, describió.
La fiscal general, que tuvo que salir del país por la persecución del gobierno, dijo que con la demanda apunta a advertir al mundo que los convenios con el Arco Minero se firmaron de manera ilegal, pues fueron aprobados la Asamblea Nacional.
Señaló que una vez admitido el recurso por el TSJ, será enviado el oficio a los organismos internacionales. Advirtió a los países que están inmersos en las negociaciones del Arco Minero que sus contratos serán desconocidos cuando retorne el Estado de derecho a Venezuela.
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, es un área rica en recursos minerales que el gobierno de Nicolás Maduro pretende explotar. Ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro. Cuenta con 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
Queda esperar la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y si efectivamente se pronunciará ante la solicitud de la fiscal Ortega Díaz.
De existir un fallo por parte del TSJ, las empresas y naciones involucradas en la explotación del Arco Minero deberían ajustarse a las medidas cautelares.
Sin embargo, como se trata un Tribunal inédito en el exilio, es casi imposible que el régimen de Nicolás Maduro cumpla.
También queda esperar que los países como Estados Unidos, con empresas explotadoras de minerales como Gold Reserve, tomen acciones.
Importancia del Arco Minero
El arco minero del Orinoco está ubicado en este estado, y contempla una zona de 114.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente, ubicada al sureste de Venezuela, limítrofe con Brasil. Allí se extraen minerales como el carbón y el manganeso; minerales metálicos como oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita y níquel, así como minerales no metálicos como diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco.
De acuerdo con un reportaje del periodista holandés Bram Ebus, las mafias, muchas de ellas dirigidas desde las cárceles, comenzaron a tomar el control de las minas venezolanas desde 2011 luego de que el Gobierno de Venezuela nacionalizara gran parte de su industria minera.
Explica Ebus que los militares venezolanos están clandestinamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una parte de sus ganancias.
“Los mineros pagan dinero de extorsión, conocido como “vacuna”, a los pranes o líderes carcelarios, a cambio de que se les permita trabajar”, señala el reportaje.
“Las sangrientas batallas de las bandas rivales por el control sobre las minas han convertido a Bolívar en uno de los estados más peligrosos del país. Los cuerpos de mineros, criados por balas, se han convertido en una visión inquietantemente común. En este mundo, donde los asesinatos violentos y las políticas corruptas forman parte de la vida cotidiana, el Gobierno venezolano está tratando de atraer a las empresas mineras multinacionales, un movimiento que muchos temen puede minar aún más la integridad ambiental de esta remota región y exacerbar los abusos de derechos humanos”.
Fuentes: Sumarium; La Patilla