Perú: Fiscalía revierte orden que exigía a la prensa revelar sus fuentes

En un oficio remitido a “Panorama” e IDL-Reporteros se indicaba que de no revelar las fuentes, "se remitirán copias por delito de desobediencia a la autoridad"

79
La Fiscalía Suprema de Control Interno pidió a IDL–Reporteros y al programa “Panorama” revelar cómo recibieron los polémicos audios que descubren la trama de tráfico de influencias adentro del Poder Judicial peruano. (Andina)

Una vez más la prensa independiente en Perú se vio amenazada tras una decisión de la Fiscalía, al exigirle a los periodistas que revelen sus fuentes. Esta acción duró pocas horas por la inconformidad y el reclamo no solo de los periodistas, sino del mismo titular del Ministerio Público.

Inicialmente la Fiscalía Suprema de Control Interno pidió a IDL–Reporteros y al programa “Panorama” revelar cómo recibieron los polémicos audios que descubren la trama de tráfico de influencias adentro del Poder Judicial peruano.

En los oficios remitidos el miércoles 11 de julio, se pedía a ambos medios de comunicación entregar el material original sin editar otorgándoles tres días para hacerlo de manera obligatoria.

Pero horas después de dicha solicitud, la misma Fiscalía Suprema de Control Interno revirtió su decisión en un comunicado a través de la red social Facebook.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) indicó que los oficios enviados son un “inaceptable acto de intimidación por parte del Ministerio Público, que afecta el derecho a la confidencialidad de las fuentes, una garantía reconocida constitucionalmente y esencial para el trabajo periodístico”.

Esta no es la primera medida tomada por la Fiscalía contra la prensa indpendiente, pues días atrás dispuso una orden de exhibición de documentos en las oficinas de IDL-Reporteros para acceder al material y el trabajo periodístico realizado.

Por su parte, la directora del programa Panorama, Rossana Cueva, consideró inadmisible que un fiscal supremo exija a periodistas revelar cuáles son sus fuentes, pues ello está protegido por la ley y por convenios internacionales.

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, respondió al oficio de Rodríguez –al que calificó de conminatorio y amenazante– a través de un documento que publicó en su portal web: “Rechazamos sus amenazas y le hacemos saber que bajo ninguna circunstancia quebraremos la reserva de [la] fuente. Defenderemos la libertad de prensa y el periodismo de investigación en todos los fueros nacionales e internacionales que sea menester”.

Cabe destacar que el Código de ética periodística en Perú establece claramente la obligatoriedad de que los comunicadores guarden el secreto profesional.

“La única excepción, singular, en que espontáneamente se puede revelar la fuente es cuando ésta falta a la verdad con dolo, lo cual produce engaño al público, haciendo que el periodista ofrezca una información descalificada, con grave riesgo de su solvencia profesional y ética”, señala.

Audios y reportaje llevan a destitucion de 5 jueces

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces, fiscales y a quienes encabezan la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, desde el CNM se decide el destino de prácticamente todos los engranajes que integran el sistema de justicia de Perú.

El pasado sábado 8 de julio, IDL-Reporteros publicó un reportaje titulado “Corte y corrupción”, donde se ventilaron audios reveladores y que les fueron entregados de manera anónima.

Al parecer, los 12 audios exponen conversaciones que vinculan a altas autoridades judiciales y a miembros del CNM.

En los audios Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, un distrito de Lima; César Hinostroza, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior; e Iván Noguera, venden y compran posiciones de poder y hasta negocian el apoyo al hoy presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

Ante esta situación, el Presidente de Perú, Martín Vizcarra solicitó la aplicación del artículo 157 de la Constitución que reclamaría la remoción de los miembros del CNM.

La solicitud de Vizcarra se hizo efectiva este viernes. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Perú anunció la suspensión de cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, informó EFE.

La jefa de la OCMA, Ana María Aranda, anunció en una conferencia de prensa que a los cinco magistrados suspendidos se les iniciará un procedimiento disciplinario por faltas muy graves.

Además de Ríos, a quien en conversaciones telefónicas reveladas esta semana se le escucha pedir un soborno de al menos 10.000 dólares para promocionar a un juez, también fueron suspendidos los magistrados Mónica Hoyos, Raúl Salcedo, Walter Linares y Miguel Ángel Miranda.

La jueza Hoyos accedió al cargo supuestamente por intermediación de Ríos como un favor brindado al juez supremo César Hinostroza, uno de los principales involucrados en el escándalo, por haber ofrecido la absolución de la pena a un sentenciado por violación de una niña de 11 años.

De manera paralela, Ríos presentó hoy su renuncia irrevocable al cargo de juez superior, según anunció el Poder Judicial en un comunicado.

Sin embargo, el ente advirtió que las investigaciones en su contra continuarán porque su renuncia “no lo inhibe de responsabilidades”.

Prensa privada en jaque

No es primera vez que la prensa independiente en Perú se ve amenazada por acciones judiciales o por parte de instancias gubernamentales.

La mañana de este miércoles 11 de julio, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció que la Comisión de Fiscalización investigará cómo llegaron las grabaciones al portal periodístico IDL-Reporteros; en ningún momento señaló que también se investigará el trasfondo de lo publicado en los audios.

Asimismo, el Congreso de Perú  promulgó una “ley mordaza” en la que prohíbe la contratación de anuncios estatales en la prensa privada, y exhorta a las entidades públicas a crearse cuentas en redes sociales.

La ley mordaza ha sido calificada como una forma de sofocar a los medios que investigan hechos de corrupción y que, además, viola el derecho de información de los ciudadanos.

La aprobación de dicha ley se aceleró luego de que una investigación periodística incomodara al Parlamento, pues con un reportaje se conoció que el Congresó compró 60 televisores y 76 frigobares para supuestamente disfrutar del Mundial de Rusia 2018.

Comentarios