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La dictadura, que se ha ido radicalizando en Venezuela, tendrá como fecha clave este jueves 10 de enero cuando el chavismo quedará aún más aislado y buscará atrincherarse con la fuerza, dispuesto a anular por completo a la legítima Asamblea Nacional.
Este martes 8 de enero, la chavista Asamblea Constituyente propuso disolver al Parlamento venezolano de mayoría opositora, y además planteó detener con prisión a quiénes apoyen al Grupo de Lima.
“Evaluemos la posibilidad, dentro del ciclo constituyente, que esa Asamblea sea disuelta, que este año llamemos y convoquemos a elección para la asamblea nacional”, dijo en Gerardo Márquez, constituyente chavista.
Y es que a partir de ahora, parlamentarios opositores serán investigados por traición a la patria al haber respaldado una declaración del Grupo de Lima que además de desconocer a Nicolás Maduro, tomó partido por Guyana en una disputa territorial con Venezuela.
Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, ordenó al chavista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía a abrir el proceso, que podría terminar en condenas de hasta 30 años de prisión si los legisladores son despojados de su inmunidad.
Se ordena abrir una “investigación inmediata por traición a la patria a todos aquellos que se plieguen a la declaración del mal llamado Grupo de Lima”, señaló Cabello.
A partir del 10 de enero, el régimen de Nicolás Maduro será desconocido por los países democráticos del mundo y quedará completamente aislado. Para el mundo, ya Maduro no sería presidente y no contaría con los beneficios diplomáticos que ello implica.
Y es que para nadie es un secreto que la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido pisoteada y anulada por el régimen de Nicolás Maduro tras haberla declarado en supuesto desacato desde el mismo año de su instalación, por lo cual no sorprendería que el chavismo termine de disolverla.
Lo mismo sucederá con la persecución a la oposición que de alguna manera respalde acciones internacionales o comunicados contra la dictadura; pues a partir del 10 de enero será evidente que el chavismo buscará anclarse más al poder tras estar internacionalmente debilitado.
De los 76 países con democracia plena e imperfecta, según el Índice de Democracia de The Economist en 2018, 54 desconocen la última elección presidencial en Venezuela. Los países que la reconocieron fueron regímenes autoritarios e híbridos.
En teoría, si las acciones internacionales son coherentes y los gobiernos no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, después del 10 de enero Maduro debería perder la inmunidad diplomática que ostenta. Así que, por un lado, su régimen se debilita ante el mundo, pero se fortalece en territorio venezolano aferrándose al poder.
Hay que recordar las afirmaciones del periodista Andrés Oppenheimer quien señaló que si la oposición venezolana no se articula, luego del 10 de enero Maduro se consolidará.
Desde que Maduro asumió el poder, la dictadura en Venezuela ha pisoteado la Constitución creando a la chavista Asamblea Nacional Constituyente, anulando al Parlamento venezolano, designando jueces del Tribunal Supremo de Justicia y encabezando fraudes electorales; por lo que Maduro ha sido un presidente de facto desde que asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez.
La verdad es que Maduro estableció su Gobierno de facto el pasado 24 de mayo cuando, sin esperar al 10 de enero, adelantó su juramentación presidencial ante la ilegítima Constituyente.
Maduro no solo fue protagonista del mayor fraude electoral en la historia de Venezuela (que dejó en evidencia fraudes en elecciones pasadas), sino que de la mano de los Poderes Públicos pisoteó la Carta Magna: por un lado se robó unas elecciones sin garantías democráticas, y por el otro acudió al Tribunal Supremo de Justicia chavista para que le autorizara una juramentación ante la ilegítima Constituyente que fue impuesta por su régimen.
«Lluvia» de sanciones
Tras la llegada del 10 de Enero las naciones democráticas del mundo decidieron unirse para emitir sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro.
El Grupo de Lima conformado por 13 países de la región emitió un ultimátum a Nicolás Maduro, pues de asumir el poder, el régimen será sancionado con medidas que van desde el rompimiento de relaciones diplomáticas hasta medidas económicas a funcionarios del chavismo.
“Se acuerdan medidas concretas como: revaluar las relaciones diplomáticas, impedir la entrada a nuestros países de altos funcionarios del régimen, y prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos u activos”, señaló el canciller peruano Néstor Popolizio.
Esta semana Perú reiteró su decisión y ya anunció que impedirá el ingreso de todos los miembros de la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro, incluido sus familiares y a todos los países que suscribieron el acta de dicha reunión. Por su parte, Colombia también anunció las mismas medidas.
Asímismo, el gobierno de Panamá dijo que apoyó la decisión del Grupo de Lima y también se adhiere al comunicado contra la dictadura venezolana.
Del mismo modo, Alemania y la Unión Europea declararon que no reconocerán al nuevo gobierno de Nicolás Maduro y llamaron a unas nuevas elecciones.
Estados Unidos, por su parte, ha dejado claro que Nicolás Maduro es ilegítimo, y este martes 9 de enero anunció nuevas sanciones atinando un duro golpe contra la cúpula criminal que arruinó Venezuela.
Maduro, un presidente espurio
José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y profesor universitario de derecho constitucional, le explicó al PanAm Post que Maduro se convirtió en un presidente espurio en cuanto la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, declaró el abandono del cargo:
En primer lugar, hay que recordar que Nicolás Maduro fue declarado como un ciudadano que estaba ejerciendo la Presidencia de manera ilegítima tras un abandono del cargo declarado por el Parlamento venezolano en enero de 2017.
“En segundo lugar, en abril de 2018, el Parlamento venezolano declaró que hay méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro por hechos de corrupción vinculados con la trama de Odebrecht, a partir de un antejuicio de mérito que se llevó a través del legítimo Tribunal Supremo de Justicia que se encuentra en el exilio por la persecución política. Esa autorización de enjuiciamiento traía como consecuencia lo que se llama la separación del cargo de Maduro”, recordó el especialista.
También añadió que “a esto se le suma que hay una disposición de la ley venezolana que señala que una persona enjuiciada debe quedar inhabilitada para comicios o ejercer cargos de la administración pública. O sea que Nicolás Maduro ni siquiera podía postularse en el evento que hubo el 20 de mayo”, agregó
Haro recordó que a estas violaciones de la ley venezolana se le suma el hecho de que las elecciones, donde supuestamente Maduro salió reelecto, no contaban con las garantías democráticas de comicios libres y justos.
“Otro punto que hace ilegítimo todo este proceso, es que en ese evento hubo ausencia absoluta de garantías electorales, motivo por el cual la mayoría de la comunidad internacional desconoció los resultados de esa elección y puso en cuestionamiento la legitimidad de Maduro en lo que es el ejercicio de la Presidencia de la República. Estos tres elementos que he apuntado terminan de desnudar absolutamente cualquier vestigio de legitimidad de Maduro”, señaló.
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