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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reprochó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su viaje a Venezuela, pues con sus declaraciones le habría dado “aire a un régimen oprobioso”. Aclaró que la crisis en ese país se debe a las mismas sanciones impuestas por el Gobierno chavista contra al pueblo venezolano.
Bachelet, que visitó el país suramericano para conocer los embates de la crisis, aseguró que las sanciones contra el régimen de Maduro han «exacerbado” la crisis venezolana. Una afirmación que busca darle la razón a la dictadura y que, además, con el paso de los años ha quedado desmentida.
“Si vamos a hablar del efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano (…) la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista y tenía que haber empezado la alta comisionada de Derechos Humanos refiriéndose a este punto”, manifestó Almagro en una rueda de prensa en Medellín (Colombia), donde se celebra la 49 Asamblea General de la OEA.
Almagro mencionó dos «sanciones” implementadas por Maduro que mantienen al país hundido en una crisis humanitaria sin precedentes: el robo de 80 000 millones de dólares y el petróleo regalado a Cuba.
“El régimen de Maduro se ha robado 80 000 millones de dólares, esa es la cifra estimada más baja, que equivale a un Plan Marshall en moneda actualizada”, señaló el secretario general de la OEA.
La segunda peor sanción, según Almagro, son “los 40 000 barriles de petróleo que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta prácticamente”.
Declaraciones «ridículas»
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, calificó de “ridículas” las declaraciones de Bachelet sobre las sanciones contra la dictadura de Maduro.
“Es bastante ridículo que Michelle Bachelet vaya a culpar a los Estados Unidos de esto. Nosotros empezamos a aplicar sanciones en el mes de febrero. Esas sanciones se demoran semanas en implementar y no llegaron a cabo hasta finales de mayo. Lo que hemos visto en Venezuela desde antes es que cuatro millones se fueron a la fuga”, dijo Trujillo.
Al mismo tiempo, comentó que las sanciones han sido direccionadas hacia empresas como la petrolera estatal PDVSA y figuras del chavismo, no hacia el pueblo venezolano.
Por su parte, Almagro coincide con Trujillo y aseguró que “la aplicación de esas sanciones (internacionales) no fue inmediata (…) fue suspendida en el tiempo y se empezaron a aplicar después. Y los efectos de la crisis humanitaria ya estaban ahí”.
La crisis fue primero
El pasado mes de mayo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó por primera vez en tres años las cifras “maquilladas” de la economía venezolana. En su reporte reveló que el régimen de Maduro destruyó las finanzas del país, y no las sanciones internacionales como lo asegura el chavismo.
La data del BCV confirma que la mayor parte de la destrucción de la economía ocurrió mucho antes de las sanciones, cuando Venezuela redujo sus exportaciones petroleras y dejó de pagar las deudas y compromisos que mantiene.
La ONG Provea publicó el pasado 27 de mayo una investigación elaborada por el economista Manuel Sutherland, en la que se analiza el impacto de las sanciones económicas internacionales. De acuerdo con el informe, el impacto de estas “está apenas manifestándose”.
“Si bien es cierto que desde 2017 es mucho más difícil para el Gobierno importar alimentos y medicinas, esta no es la causa de la fuerte escasez de los mismos, que se debe fundamentalmente a la crisis económica que desde 2009 se ha ido gestando en el país”, señala el documento, y agrega que el régimen de Maduro podría importar alimentos y medicinas de empresas de India, Rusia y China, que son aliados de la dictadura.
Las primeras sanciones financieras arrancan en agosto de 2017 y las primeras sanciones directamente económicas empiezan en noviembre de 2018. Dicho esto, y recordando lo escrito anteriormente, las sanciones son impuestas (2017) cuando ya la economía venezolana atravesaba el punto más bajo de su historia. De 2013 a 2016 la economía había caído ya en casi 25 % (Salas, 2017), y por primera vez en su historia registraba una caída sostenida de 12 trimestres. Las sanciones financieras irrumpen en agosto de 2017. En los primeros 2 trimestres de ese año la economía había disminuido en alrededor de 8 %, por ende, la economía ya había caído en al menos 30 %, una de las peores caídas del PIB en la historia de América. Por tanto, cuando las sanciones ingresan al escenario financiero, ya la economía estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada.
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