Procurador de Guaidó pone su cargo a la orden tras aprobación de fondo millonario

José Ignacio Hernández consideró "razonable" no ejecutar ningún pago pues las dudas arrojadas pudiesen ser empleadas para investigaciones penales

Hernández dijo que no haría ningún pago debido a que la votación del martes no tuvo el apoyo de todos los partidos. (Twitter)

En medio de su segunda gira internacional, el Gobierno interino de Venezuela presidido por Juan Guaidó enfrenta un nuevo revés luego de que el procurador José Ignacio Hernández pusiera su cargo a la orden tras la irregular manera en que se aprobó un fondo de litigio de 20 millones de dólares que causó polémica en el país.

El fondo fue aprobado de manera «exprés» pues no estaba pautado en la agenda del día y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional no estaba enterada.

El procurador del gobierno interino dijo que la carta enviada a Guaidó se «filtró con malas intenciones»; sin embargo confirmó que puso su cargo a la orden y que además no usará el fondo aprobado debido a la falta de consenso en la Asamblea Nacional.

Pese a no contar con un contralor, la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora aprobó el pasado 28 de enero la creación de un fondo de litigio; partidos como Primero Justicia y la Fracción 16 de julio decidieron salvar su voto exigiendo mayor transparencia.

En la misiva enviada a Guaidó, Hernández dijo que no haría ningún pago debido a que la votación del martes no tuvo el apoyo de todos los partidos.

Alegó que el tema del fondo de litigio y las razones jurídicas de su creación han sido ampliamente debatidas no solo en el seno del Parlamento, sino en las juntas ad-hoc de Pdvsa y del Banco Central de Venezuela (BCV), también en las comisiones creadas para tal fin, por lo que exigió “reglas claras de gobernanza” para cumplir su trabajo, que a la fecha no existen.

El procurador designado por Guaidó consideró «razonable» no ejecutar ningún pago pues las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleadas para investigaciones relacionadas con el patrimonio público, comprometiendo así su responsabilidad penal.

“Si no se cuenta con el respaldo de un Gobierno, y como es conocido, un Gobierno que no ejecuta gasto -con todos los controles imperativos y bajo el principio de la rendición de cuentas- no es Gobierno”, sentenció.

Agregó que «la aprobación del fondo de litigio es legal y está ajustada al estatuto»; señaló que es necesario para poder «ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República».

Las objeciones

Tanto los diputados del partido opositor Primero Justicia como los que representan la Fracción 16 de Julio, no aprobaron la propuesta y pidieron diferir la discusión a fin de tener más detalles del acuerdo.

El economista Ángel Alvarado, diputado de Primero Justicia, dijo que «la fracción solicita información de qué proyectos de defensa de activos y litigios han sido autorizados por la comisión técnica y cuáles son los montos».

La tarde de este miércoles 29 de enero el partido PJ publicó un comunicado en el que denunció que la aprobación se realizó sin el trámite ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento, pidió “diferir” el punto hasta precisar “aspectos jurídicos y políticos”, en aras de promover la “transparencia pública”.

Por otra parte, solicitaron la designación de un Contralor especial por parte de la Asamblea Nacional como requisito institucional para el control de ejecución de fondos públicos.

Asimismo, el diputado Omar González, jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio y miembro del partido Vente Venezuela señaló a PanAm Post que la propuesta sorprendió y que la fracción salvó su voto por desconocer los detalles del acuerdo.

«De qué recursos estamos hablando, qué activos tiene la nación en el exterior, la idea es tener transparencia y la información completa que es crucial para la gestión de la Asamblea Nacional, porque es un tema delicado por tratarse del tema financiero», señaló.

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