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Los abogados defensores de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, encabezados por el jurista español Baltazar Garzón, anunciaron que llevarán el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya; a lo que el Gobierno de Cabo Verde señaló que acepta el reto.
El diario colombiano El Tiempo informó este miércoles 15 de julio que Ulisses Correia e Silva, primer ministro de Cabo Verde, manifestó que están listos para argumentar las actuaciones de su país si es que son llamados a instancias internacionales.
RUNRUN: Me informa colega desde Cabo Verde que el detenido Alex Saab fue trasladado hace un par de horas para ser sometido a "exhaustivo exámen médico" y certificar su estado de salud antes de entregarlo a los Estados Unidos. Al finalizar decidirán cuándo sería el viaje.
— Nelson Bocaranda Sardi. (@nelsonbocaranda) July 15, 2020
«Es un proceso que está bajo decisión judicial; por lo tanto, esperaremos y en el momento correcto Cabo Verde hará algún comentario si esto sucede», refiriéndose al anuncio de la defensa de Saab.
Recientemente la ministra de Justicia de Cabo Verde, Janine Tatiana Santos Lélis, firmó la autorización de extradición de Saab a Estados Unidos. Queda esperar la decisión del juez que lleva el caso en ese país.
¿Qué implicaciones tendría llevar el caso a La Haya?
El abogado venezolano Carlos Ramírez López, quien cuenta con un diplomado en litigación penal internacional, aseveró en una entrevista para PanAm Post que la decisión anunciada por la defensa de Saab no tiene ninguna implicación ni consecuencia en el proceso judicial de extradición que se lleva a cabo. De hecho, consideró que podría ser una buena razón para que la justicia de ese país apresure el caso.
El abogado calificó la decisión de la defensa como un anuncio «ridículo», pues la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene las competencias para atender un caso específico e individual como el de Saab.
«Es un anuncio para llamar la atención y para justificar las grandes cantidades de dinero que le están pagando. Legalmente no tiene ninguna posibilidad, es ridícula», señaló. Ramírez afirmó además que esto no interrumpiría el proceso y que la extradición seguiría su curso.
«La Haya no es un tribunal para una persona, los delitos de lesa humanidad tiene un umbral de cobertura o metas demasiado altas. Lo que puede ocurrir es que con esta decisión el juez de Cabo Verde se apure», señaló.
La defensa de Saab tendría que demostrar que la justicia en Cabo Verde no funciona, no es independiente y no tiene autonomía. La Fiscalía de La Haya tendría entonces que juzgar primero al sistema judicial de Cabo Verde. «El famoso principio de complementariedad», agregó Ramírez.
También le recordó a PanAm Post que el abogado de Saab, Baltasar Garzón, ha estado muy metido por los lados de la Fiscalía de ese tribunal internacional, y fue nombrado asesor por el fiscal Luis Moreno Ocampo, quien fue complaciente y cerró un centenar de causas contra el régimen de Maduro.
Desde que inició su funcionamiento en 2002, la CPI ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares, y en ese largo período solo ha procesado a cuatro criminales africanos, y en América Latina a ninguno.
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