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La verdad sobre el reinado de Paz y Paz como fiscal en Guatemala

Por: Steve Hecht y David Landau - Ago 5, 2015, 12:56 pm

Nota del Editor: puede leer aquí las partes una, dos, trescuatro y cinco de esta serie de seis reportajes.

El daño de la ex fiscal General y el cuento de hadas internacional

EnglishEn octubre de 2014, el personal del Instituto para las Mujeres, Paz y Seguridad entrevistó a su “distinguida académica residente”, Claudia Paz y Paz. Cinco meses antes, Paz y Paz había dejado su puesto como fiscal General en Guatemala, tras no lograr la renovación de su mandato.

“Su permanencia en el cargo fue corta”, explica el sitio web de la Universidad de Georgetown. Esa fue una versión benevolente de una información que circuló por los medios del mundo. El titular escogido por diario británico The Guardian es una muestra de ello: “La expulsión de Claudia Paz y Paz pone bajo el foco al sistema de justicia de Guatemala”.

No hubo expulsión; tan solo el reemplazo ordenado de un funcionario por otro. Pero la capital del país se vio conmovida cuando los defensores extranjeros de Paz y Paz —vestidos como diplomáticos y enardecidos como fanáticos deportivos— aterrizaron en Guatemala para dar su versión.

El líder de la coalición internacional para mantener a Paz y Paz en el poder —el embajador estadounidense Arnold Chacón—recurrió a YouTube para sermonear a los guatemaltecos con otra de sus declaraciones al estilo Caligula: “Es un privilegio para mi Gobierno contar con una socia como la Dra. Paz y Paz”.

Los partidarios de Paz y Paz reunieron dos ficciones en una. La primera sobre la duración de su mandato. El New York Times, en un reportaje típico, afirmó que la Corte Constitucional de Guatemala decidió que Paz y Paz “dejara su cargo en mayo, siete meses antes de que su período de cuatro años concluyera”.

La información del Times fue otro caso aparente donde los ciegos guían (obstinadamente) a los ciegos. En una república constitucional, es la duración del mandato lo que importa, no la permanencia en el cargo del funcionario. Bajo la Constitución guatemalteca, el mandato del fiscal General era (y es) de cuatro años, comenzando y terminando en mayo.

Paz y Paz se sumó al Gobierno en diciembre de 2010, para finalizar el mandato de un fiscal a quien la Corte Constitucional efectivamente removió de su puesto. En ese momento, sus defensores se regocijaron por el rol del máximo tribunal. Cuatro años después, ese mismo tribunal era una entidad renegada por haber declarado que su mandato terminaría en mayo, en vez de diciembre.

Quienes respaldaban a Paz y Paz estaban preocupados por la política, no por la ley. Guatemala no fue una sociedad que quedó por fuera de la ley al negarle a Paz y Paz “su propio mandato”. Por una vez, el país actuó acorde a la ley. Si hubiese actuado de forma política, Paz y Paz hubiera logrado tener éxito porque el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina no hubiese tenido las agallas para disgustar a la cohorte extranjera de Paz y Paz.

Pero esta vez las cuestiones políticas quedaron fuera del proceso de nominación, ya que el presidente estaba siendo asesorado por una comisión conformada mayoritariamente por los decanos de las facultades de Derecho del país. Al terminar sus deliberaciones, Paz y Paz no estaba en la lista de los seis nominados que la comisión le envío al presidente.

Paz y Paz ofreció una excusa política por su derrota: la culpa era de sus detractores. Sus amigos en Washington, por su parte, arreglaron rápidamente su asilo en la forma de una designación académica en Georgetown —donde, el 1 de octubre de 2014, el personal del Instituto para las Mujeres le hizo una entrevista “sobre algunos de los asuntos más complicados que ha debido enfrentar como fiscal general y cómo logró esos increíbles resultados en su país”.

Los logros del ministerio de Paz y Paz fueron efectivamente increíbles —pero no de la forma que los entrevistadores decían.

Un par de imágenes, diseñadas por la compañía eléctrica guatemalteca Energuate, retratan el mayor legado del mandato de Paz y Paz. Las imágenes son mapas de Guatemala en 2010 y 2014, los años en que Paz y Paz comenzó y terminó su mandato.

<a href="http://www.energuate.com/" target="_blank">Energuate</a> documents and compares violence across Guatemala in 2010 (left) versus violence in 2014 (right), before and after Claudia Paz y Paz's tenure as attorney general. (<a href="http://www.lavoz.gt/es/mapa-comparativo-conflictividad-en-distribucion-electrica-2010-2014-por-energuate/" target="_blank">Liga ProPatria</a>)
Energuate documentó y comparó la violencia en Guatemala en 2010 (izq.) frenta a 2014 (der.), antes y después del paso de Paz y Paz por la Fiscalía General. (Liga ProPatria)

El mapa muestra la distribución de la violencia en la lucha por la energía eléctrica —un sinónimo de conflicto social. En 2010, las pocas zonas conflictivas estaban ubicadas en la esquina suroeste de Guatemala. Para 2014, la violencia había penetrado en todo el país (excepto en áreas poco pobladas en los enclaves norteños).

Las imágenes, entonces, representan el extraordinario ascenso de los conflictos entre diferentes grupos: las milicias armadas que se llaman a sí mismas “grupos de derechos humanos”, y que operan con las garantías del Gobierno de Estados Unidos, Naciones Unidas, y la fiscalía de Paz y Paz.

Para el lector que desee escuchar cómo suena el conflicto, Pacifica Radio KPFA transmitió un tenso encuentro entre un periodista estadounidense y las llamadas “autoridades indígenas” del occidente de Guatemala, en agosto de 2014. La grabación completa del encuentro, de 23 minutos, de los cuales se han tomado extractos para el reporte de noticias, puede ser escuchada aquí.

Los entrevistadores de Georgetown no tenían ninguna pregunta para Paz y Paz sobre la propagación del conflicto social durante su mandato. Tampoco la ex fiscal General hizo mención alguna.

Paz y Paz, sin embargo, sí le contó a sus anfitriones en Georgetown que la “violencia contra las mujeres es el delito más denunciado en el país; tenemos que trabajar duramente para evitar este delito y castigar[lo] si es cometido”.

En este aspecto, la ex fiscal General no dijo nada sobre los ataques que ella misma supervisó contra la exfiscal Gilda Aguilar, quien sufrió de un intento de asesinato en agosto de 2012, posiblemente en manos de integrantes un grupo armado —el Comité de Unidad Campesina— que gozaba de la protección de Paz y Paz.

La negativa a investigar el intento de asesinato fue, y es, un delito grave. Desde el momento que el ataque ocurrió, el ministerio obstruyó la investigación.

En última instancia, el fiscal especial para los delitos contra funcionarios judiciales solicitó desestimar la causa. Era lo mismo que decir que no se había cometido ningún delito, incluso ante la presencia de un automóvil acribillado y un policía gravemente herido.

Para sus entrevistadores de Georgetown, Paz y Paz citó muchas estadísticas que supuestamente exhibían una dramática reducción de la impunidad en Guatemala. “Impunidad” es una palabra complicada que, en contexto, significa la capacidad que tienen los altos funcionaros para hacer todo tipo de cosas malas y salir impunes.

Incluso si no se hubiese jactado de ello, uno de los logros de Paz y Paz como fiscal General fue la impunidad que practicó en su nombre. Información detallada sobre cómo Paz y Paz obtuvo y utilizó sus estadísticas están comentadas en el reporte de noticias de KPFA del 9 de junio de 2013.

Tras mucho esfuerzo, Aguilar abandonó el Ministerio de Justicia a finales de 2013. Primero, había sido despedida. Pero después apeló su despido y finalmente se le permitió renunciar.

Desde entonces, como abogada privada, ha intentado combatir el mismo tipo de ilegalidad que descubrió cuando intentaba levantar cargos contra miembros de las milicias en la provincia Huehuetenango.

En la provincia de San Marcos, cerca de la frontera con México, Aguilar ha representado a una compañía hidroeléctrica, Hidro Salá, cuyo intento de construir una planta ha sido demorado por más de cuatro años por el “grupo de derechos humanos” Frente a la Represión en Guatemala contra los Pueblos y el Saqueo de Recursos Naturales (Frena). La campaña de violencia y terrorismo contra la población local fue notablemente desvergonzada.

Aguilar pudo deducir de los testimonios de algunas de las víctimas de Frena que el obispo Álvaro Ramazzini era el líder espiritual del grupo. Este clérigo, uno de los primeros exponentes de la “Teología de la Liberación” gozó de una exposición mundial, inclusive en la Universidad de Georgetown, que publicó discursos y entrevistas con sus ideas.

Aguilar descubrió que Ramazzini estaba ejerciendo una poderosa influencia sobre el movimiento de milicias que barría Guatemala. Solicitó al Ministerio Público una citación para que fuera convocado a ofrecer un testimonio público. El Ministerio, ahora bajo la dirección de la fiscal general Thelma Aldana, emitió la citación.

De golpe, Aguilar se encontró hablando por teléfono con el obispo. No era un llamado de Papá Noel; Aguilar más tarde presentó una denuncia contra el obispo bajos los términos de la ley nacional de violencia contra las mujeres. En cuanto a la citación, Aldana la anuló, supuestamente luego de las objeciones del obispo. Él y Aguilar más tarde dieron sus versiones en la estación de radio KPFA.

En los últimos meses, Aguilar pudo llevar a varios líderes del Frena a la justicia —un testamento de su tenacidad, así como también de que el Ministerio Público, con Aldana al mando, ha comenzado a ser objetivo sobre algunos de los abusos del régimen de Paz y Paz.

Por desgracia, los policías y agentes de otras fuerzas de seguridad siguen obstaculizados por el legado de debilitamiento —no solo en caso casos aislados, sino por la constante persecución y castigo por hacer su trabajo, como la sufrida por la propia Aguilar—, durante los tiempos de Paz y Paz

Como académica de Georgetown, Paz y Paz ahora esta escribiendo unas memorias sobre su experiencia como fiscal General. Tal como describió el trabajo a sus entrevistadores, parece más una obra de ficción que mostrar las debilidades de su desempeño y no sus fortalezas.

Mientras tanto, uno solo puede esperar que los talentosos investigadores en Georgetown, que tienen una acceso directo a la fuente primaria, dejen de hacerle preguntas superficiales a Paz y Paz y comiencen a indagar sobre la ex fiscal General, para descubrir el valor de lo que aún les resta por encontrar.

Traducido por Adam Dubove.

Energuate ha enviado una carta al editor para aclarar que la compañía “nunca emitió una opinión sobre la ex fiscal general o mencionó que los mapas eran un reflejo de su legado en ese puesto. Los mapas fueron confeccionados para exhibir el impacto del conflicto en el sector eléctrico”.

Steve Hecht y David Landau Steve Hecht y David Landau

Los autores de esta serie de seis entregas han trabajado juntos en asuntos políticos por 20 años. Steve Hecht (en la foto) es empresario con dos títulos de la Universidad de Columbia y ha vivido en Guatemala por más de cuatro décadas. David Landau, radicado en San Francisco, se inició en el periodismo como gerente editorial del Harvard Crimson. Es experto en Cuba y edita Pureplay Press. Síguelo en @shecht6.