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En Colombia estamos en «posconflicto». Eso quiere decir que por estos días el Gobierno deberá cumplirles a los guerrilleros todas las promesas que se les hizo durante la negociación del acuerdo Santos-FARC. No extraña que muchas de esas concesiones escandalicen y asusten a la mayoría de los colombianos. Casi todas son, simplemente, descabelladas.
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La semana pasada el país estaba conmocionado por el anuncio de que 1200 guerrilleros harán parte de la UNP (Unidad Nacional de Protección). Eso quiere decir que los integrantes de las FARC que sean contratrados en esta entidad, estarán en las principales ciudades del país, armados y con sueldos pagados por los contribuyentes. Pero además implica que tendrán acceso a toda la información que maneja un empleado de la UNP como, por ejemplo, el manejo de los esquemas de seguridad de los congresistas colombianos.
No ha pasado una semana desde que se anunció la incorporación de guerrilleros a la UNP y ya los medios de comunicación en Colombia están presentando pruebas de que se está cocinando un proyecto de ley para que los guerrilleros puedan formar sus propias empresas de seguridad privada o trabajar en entidades de este tipo que ya estén formadas.
Así las cosas, en Colombia, dentro de poco, las principales ciudades estarán llenas de guerrilleros de las FARC armados, muchos de ellos pagados por los contribuyentes, y todos tendrán el permiso del Gobierno para portar armas.
En nuestra videocolumna de hoy hablamos de las descabelladas concesiones del Gobierno colombiano a las FARC, que permitirán que la población civil tenga que convivir con guerrilleros armados, y obedeciendo a sus anteriores jefes, en las principales ciudades del país.
En la videocolumna del PanAm Post analizamos los últimos acontecimientos del mundo iberoamericano desde una óptica liberal. Es presentada por Vanesa Vallejo, economista, miembro del Movimiento Libertario colombiano y columnista del PanAm Post.
