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En Colombia estamos supuestamente en etapa de «posconflicto», que no es más que el tiempo en el que el Gobierno le entrega a las FARC todo lo que pidieron en sus años de negociación en La Habana, a cambio de que dejen de matar y cometer toda clase de delitos. Quienes reconocemos las nefastas consecuencias que traerá el acuerdo Santos-FARC, hemos vivido esta «etapa de posconflicto» de asombro en asombro. Cada semana se revela un nuevo escándalo y se suma una nueva preocupación.
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La semana pasada, los medios de comunicación dieron a conocer una carta enviada desde el comando de dirección de la guerrilla de las FARC ubicado en la Guajira, a todos los alcaldes de ese departamento. La carta era una citación a una «reunión de coordinación» para, según líderes guerrilleros, discutir asuntos concernientes a la puesta en marcha del plan de desarrollo del departamento.
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Los 15 alcaldes de la Guajira fueron citados en el mismo campamento en el que los guerrilleros aún están armados. Y aunque esto nos preocupa sobremanera, es necesario decir que ya se veía venir. En Colombia los guerrilleros de las FARC se han vuelto un grupo de presión con el cual, al parecer, hay que discutir de los más variados e importantes temas de políticas públicas y economía.
La cúpula de las FARC se reúne con el gabinete del presidente Juan Manuel Santos para hablar de políticas de género, políticas para la infancia, redistribución de tierras. Incluso estuvieron sentados hablando con el ministerio de agricultura sobre política agraria. En nuestra videocolumna de hoy nos hacemos una pregunta: ¿a cuenta de qué las FARC se han vuelto un interlocutor válido para discutir con el Gobierno sobre política y economía?
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