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Después de que esta columna fuera publicada, alias Carlos Antonio Lozada decidió iniciar un proceso legal en contra de Vanessa Vallejo y el PanAm Post alegando que lo expresado en este texto viola su derecho al “buen nombre”.
En un primer fallo el juez Hyman Alberto Hermosilla Reyes resolvió tutelar los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del líder de las FARC, y ordenó a la periodista retractarse integralmente de las acusaciones realizadas y comprometerse a “abstenerse de realizar pronunciamiento alguno en contra del actor (Carlos Antonio Lozada)”.
Ese fallo fue proferido configurándose una flagrante vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa. Por lo anterior, el equipo jurídico de Vallejo presentó una solicitud de nulidad, que fue concedida por el juez en enero del 2020 reconociendo que: “Vanessa Vallejo no pudo ejercer su derecho de defensa”. El mismo Juez tuvo de declarar la nulidad de lo actuado.
El pasado 10 de marzo en un fallo proferido después de escuchar la defensa de Vallejo, el mismo juez, finalmente y a regañadientes -al parecer presionado la indignación de la sociedad y lo contundente de la defensa de la accionada- falla a favor de Vallejo.
En Colombia todo el mundo sabe que los guerrilleros de las FARC reclutaron y violaron menores de edad durante décadas. Las denuncias, las pruebas y los casos están, pero, a pesar de eso, los colombianos tuvimos que ver cómo por cuenta de un pacto entre las FARC y el expresidente Juan Manuel Santos sus delitos quedaron, por ahora, en la impunidad e incluso se les ha dado asientos en el Congreso.
Los delincuentes de las FARC están libres y varios hacen ahora las leyes de nuestro país. Es el caso del “honorable” senador Carlos Antonio Lozada, quien según Lorena Murcia, reclutada por las FARC cuando era una niña y ahora activista de la Corporación Rosa Blanca, era conocido como «tornillo», porque violaba a los niños que llegaban a su campamento. «Cada que llegaba a las filas, los muchachos decían: llegó tornillo», relata la valiente Lorena.
Lastimosamente, estas desgracias parece que son desconocidas fuera de nuestro país. De lo contrario no veo explicación a que, por ejemplo, la London School of Economics and Political Science le otorgue un título honoris causa de doctor en ciencias sociales a Juan Manuel Santos, quien sin lograr nada a cambio, puso en el Congreso a la más pútrida escoria que haya nacido en Colombia.
Al parecer, los grandes medios internacionales no han hecho bien la tarea y afuera de Colombia no se han dado cuenta de que en los lugares históricamente controlados por las FARC las cosas siguen igual, mientras que en el Congreso, violadores como Lozada hacen las leyes de la República.
No valieron las acusaciones, no importaron las pruebas, ni siquiera las peticiones de la justicia estadounidense. Narcotraficantes, violadores y pedófilos se pasean como si nada por el Congreso de Colombia.
Hace un par de meses, la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a más de 1 200 víctimas de la guerrilla de las FARC, presentó un resumen de las denuncias que han hecho. Además de Carlos Antonio Lozada, hay otros congresistas acusados de violación, como Victoria Sandino, quien está en el Senado, y Pablo Catatumbo, también “honorable” senador. En la lista de violadores también está Iván Márquez, que no tomó posesión de su escaño porque prefirió volver a la selva a continuar con sus negocios, que incluyen el secuestro de niños para violar y luego usar como carne de cañón cuando van a los combates.
Increíblemente en Colombia, por cuenta del internacionalmente aclamado Juan Manuel Santos, si un violador perteneció a la guerrilla, no va a la cárcel, sino que queda libre e incluso puede participar en política. Parece que para Santos y los que hicieron el acuerdo de La Habana violar niños es algo necesario para instaurar el socialismo, y por eso el delito debe ser juzgado por una justicia transicional y convertirse en conexo con el político.
Hace poco una de las mujeres que fue reclutada y violada cuando era solo una niña, y que ahora hace parte de la Corporación Rosa Blanca, me dijo: no sé cómo le voy a explicar a mis hijos que mis violadores están en el Congreso de este país.
Ojalá esta joven no tenga que decirle eso a sus hijos, y muy pronto, antes de que ellos entiendan de política, los violadores estén en la cárcel.
La oposición de las FARC a la cadena perpetua para violadores no se trata de un intento por cuidarse a sí mismos. Es más preocupante. En derecho los delitos no se juzgan con retroactividad, la norma siempre aplicada al tipo penal debe ser la más favorable, de modo que si se aprueba la cadena perpetua ni siquiera les afectaría a los «honorables» senadores, porque no se juzga con normas posteriores a la conducta.
Si los del partido FARC no se oponen a la cadena perpetua para librarse de pagar por los delitos que ya cometieron, lo más probable es que estén legislando para otros, para otros que siguen cometiendo delitos sexuales contra menores, y a los que sí les afectaría de alguna forma la propuesta.
Lo que ocurre entonces en Colombia es que los narcos, delincuentes, violadores de niños, tienen representación en el congreso; los del partido de las FARC son sus voceros.
De otro lado, mientras que la justicia parece no poder hacer nada con estos delincuentes, a los colombianos de a pie se nos hace cada vez más riesgoso hablar. Colombia es un país bastante peligroso, donde la justicia no actúa y matar es fácil, por eso muy pocos se atreven a hablar, por ejemplo, de que un sujeto apodado «tornillo» es senador. La cosa empeora si desde el congreso Lozada amenaza con «acciones judiciales» contra quienes lo señalen de violador… todos sabemos que los guerrilleros no conocen de «acciones legales», solo saben de delitos. Todos entendemos el tipo de amenaza que hace.
Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y Colombia es un país de gente buena y valiente que siempre se ha enfrentado a los malos con el carácter necesario. Por eso creo que, más temprano que tarde, Juan Manuel Santos será visto como lo que es: un traidor, todo el mundo hablará de la desgracia que significó la negociación de La Habana, el acuerdo no será más que un mal recuerdo, y los guerrilleros de las FARC pagarán por sus delitos, porque «para verdades el tiempo y para justicia Dios».
