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Dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha surgido un debate sobre «castigar» y posiblemente suspender a Venezuela con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Países como Argentina, sin embargo, no están de acuerdo con este procedimiento.
En una entrevista telefónica realizada por el diario británico The Guardian, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusó al embajador de Argentina de no «sostener esfuerzos para llamar a una Asamblea General para poder discutir la crisis humanitaria de Venezuela».
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«Esto es grave», señaló Almagro. «Los miembros se quejan. Juegos como estos no se deben jugar. Estamos hablando de un país que enfrenta una situación grave y urgente».
Su queja llega en medio de informes de que el presidente de centro-derecha de Argentina, Mauricio Macri, está intentando llegar a un acuerdo con el régimen chavista en Caracas sobre el nombramiento del próximo secretario general de las Naciones Unidas. Se cree que Macri está en busca del apoyo para la canciller argentina, Susana Malcorra.
De ser esto cierto, Macri estaría incumpliendo la promesa de su campaña del año pasado, cuando se comprometió a defender la democracia en Venezuela.
«El embajador de Argentina ante la OEA, Juan José Arcuri, ha utilizado su cargo de presidente del consejo permanente del organismo regional para retrasar y desviar la decisión de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática de la organización, lo que puede llevar a la suspensión», dijo Almagro.
El pasado martes, Almagro envió una solicitud de una reunión inmediata de la Asamblea Nacional de Venezuela. En el documento, que contiene 132 páginas, se precisan las múltiples crisis que enfrenta Venezuela: la inflación del 700% según ciertos cálculos, el déficit fiscal al 17% del PIB, más del 80% escasez de medicamentos y alimentos básicos, así como el empeoramiento de la pobreza y la salud.
Se observó que el encarcelamiento de opositores políticos y la criminalización de la protestas eran contrarias a los principios básicos de la democracia.
«En Venezuela, el propósito de la política se ha perdido. Se han olvidado de defender bien al colectivo a largo plazo en lugar del bien individual en el corto plazo», señaló. «La crisis institucional en Venezuela exige cambios inmediatos en la acción del poder ejecutivo con el fin de evitar caer en una situación de ilegitimidad».
Fuente: The Guardian
