Indígenas retuvieron a presidente de Panamá por construcción de hidroeléctrica

Varela lamentó los hechos » aislados» y los vinculó a un «grupo radical minoritario». (Endimages)

El pasado martes un grupo de indígenas que se oponen a una hidroeléctrica levantada en el oeste de Panamá retuvieron al presidente Juan Carlos Varela durante varias horas después de que firmara un acuerdo con los líderes de la comarca Ngäbe Buglé para activar el proyecto.

El plan hidroeléctrico de Barro Blanco, estuvo paralizado desde hace más de un año. Esto ha traído el rechazo de los indígenas y las críticas de los empresarios sobre la mala señal que el caso envía a los inversores privados.

Los grupos de indígenas arrojaron piedras en contra de la escuela donde tuvo lugar la firma del convenio y que trajo como consecuencia cuatro policías heridos.

Este acuerdo que indica el proyecto eléctrico, entrará en servicio, pero no será operado por Generadora del Istmo S.A. (Genisa), la empresa de capital centroamericano que lo construyó, sino por un tercero independiente aún por designar.

Los primeros días de agosto, Genisa instó al Gobierno a actuar «con celeridad y mucha prudencia» por los riesgos que podría causar la paralización de la obra en tiempos de invierno, lo que pone en peligro a las comunidades aledañas, de acuerdo con la empresa.

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El presidente Varela y otros funcionarios del Gobierno, fueron trasladados a uno de los salones del colegio mientras continuaban los incidentes, mientras que los indígenas cerraron los accesos al lugar en donde dejaron retenidos a periodistas y a autoridades durante unas dos horas.

«El éxito estuvo en que se realizó sobre las bases del respeto, la tolerancia y un examen profundo de los aspectos claves del proyecto», dijo Varela. Las acciones de Genisa, «serán traspasadas a un fideicomiso» en el Banco Nacional dePanamá en garantía del «repago de préstamos otorgados por los bancos multilaterales de desarrollo» para la construcción de la represa, señala el comunicado.

Miembros de la comisión presidida por la vicepresidenta Saint Malo y representantes de la comarca Ngabe Buglé ratificaron el documento preliminar.

Genisa calculó en más de US$130 millones las pérdidas por el retraso en la entrada en funcionamiento de la central. Para que el acuerdo se haga decreto Ejecutivo y entre en vigor deberá ser ratificado por el Congreso General de la comarca.