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El Gobierno de Urugay envió por primera vez un proyecto de ley antiterrorismo que busca transformarse como una norma inicial «integral; y pretende adecuar la realidad del país suramericano a las exigencias nuevas inernacionales con respecto a la proliferación de armas de destruccoón masiva, terrorismo y financiamiento del mismo.
En el documento en donde se hace la propuesta, se advierte que el terrorismo es una de las principales amenazas a la paz y seguridad de los país, por ello es «imprescindible contar con una herramienta jurídica robusta para su efectivo combate».
Además, se establece que a pesar que desde hace años la legislación uruguaya cuente con varias normativas en materia de terrorismo y financiamiento, «las mismas no comprenden todos los aspectos necesario para combatir esta amenaza».
La necesidad de que el poder legislativo le exiga a las Instituciones Financieras y a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas ,el bloqueo inmediato de activos a las personas o a las entidades incluídas en las listas de sansiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una de las advertencias que plasma este informe.
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El artículo 12 del proyecto, textualmente dice: «Las sanciones a listas de personas, grupos y entidades involucrados en actividades terroristas o asociados a tales actividades, tienen carácter vinculante para la República y son de aplicación inmediata».
Las personas que se encuentran obligadas a suministrar información al Estado, ahora también deben monitoear y chequear los listados que se efectúen a raíz de las resoluciones del Consejo de Seguridad de NNUU, de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de sus Comités de Seguridad y comunicadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero.
En caso que exista coincidencia con esas listas referidas, el artículo 19 del informe establece que «los sujetos obligados financieros y no financieros, deberán proceder al congelamiento preventivo inmediato y sin demora, de los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de dichas personas o entidades, e impedir asimismo poner fondos a disposición de las mismas».
No obstante, Uruguay podría aplicar contramedidas financieras y sanciones con respecto a los países que establezca riesgos más altos en cuanto al terrorismo y a su financiamiento.
Fuente: El Observador
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