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El Poder Judicial de Perú a través de su presidente Duberlí Rodríguez informó el pasado domingo que el caso de los sobornos entregados por Odebrecht a funcionarios, implica a 100 personas.
Rodríguez indicó que este caso de las coimas que entregaban a cambio de obras públicas millonarias es un rompecabezas, cuyas piezas deben ser colocadas por parte de la Fiscalía, ya que «el Poder Judicial no actúa de oficio, ya que la figura del juez instructor o investigador ya murió».
Además señaló que ya el caso llegó a las manos del Poder Judicial y se convirtió en un proceso penal, ya que Hamilton Castro, el fiscal, solicitó prisión preventiva para el primer detenido por recibir sobornos y «ello se debe a que se encontraron elementos de la comisión de un delito».
El fiscal Richard Concepción Carhuancho será el juez designado al azar para atender la investigación, quien también es el titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
Castro comenzó solicitando 18 meses de prisión para Edwin Luyo, detenido el pasado viernes por haber cobrado, supuestamente, sobornos cuando era miembro del comité de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, que se le adjudicó a Odebrecht en 2009 por 410 millones de dólares.
En la audiencia judicial, el acusado Luyo prometió que no se va a fugar del país y que siempre va a decir la verdad cuando se lo soliciten.
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Adicionalmente, Castro solicitó una orden de capura internacional a Jorge Luis Cuba, el ex viceministro de Comunicaciones, cuya vivienda fue allanada pero no dieron con él, en el operativo llamado «Palingenesia».
Según el portal digital de El Nuevo Herald, Cuba le solicitó 8,1 millones de dólares a la compañía brasileña, para ayudarlos a conseguir los contratos del Metro de Lima.
En el 2013, Odebrecht pagó sobornos a un banco de Andorra a empresas «offshore», a través de transferencias parciales, de acuerdo a los avances de la obra y culminados con la liquidación de la misma.
Según el pacto realizado el pasado 5 de enero con Estados Unidos, se contempla que la constructora entregue toda la documentación que sea necesaria, con el fin de facilitar un acuerdo con la Justicia peruana.
Odebrecht reconoció que pagó 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre los períodos presidenciales de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala entre 2005 y 20014.
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