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El Nuevo Herald entrevistó, desde la clandestinidad, al periodista Fernando Villavicencio, quien está acusado de revelar información confidencial que destapó a una importante red de corrupción de un portal digital llamado Focus.
Después que se conocieron las informaciones del periodista, Rafael Correa le solicitó al fiscal General de la República que iniciara un juicio en su contra y poco despupes fue emitida un orden de prisión.
Villavicencio comenta que «El caso más grave de corrupción revelado en diez años lo hizo Focus y mi persona, en abril de 2016. Involucra una masiva corrupción en los contratos realizados en la repotenciación en la refinería estatal de Esmeraldas. Un proyecto que hace 10 años, 2007, inició costando USD $187 millones , y que luego de prácticamente una década al país le han pasado una factura de USD $2,200 millones».
Según indica, son unas 20 las personas que están sindicadas por esos hechos. Entre ellos: Carlos Pareja, el exministro de Hidrocarburos, quien tiene orden de captura, pero se encuentra prófugo en Perú y a Ramiro Luque y Marianela Meza, quienes «están prófugos en Miami» y fueron contratistas privados que están vinculados con compañías como Odebrecht.
Se refirió a los dos mil millones de dólares que se descubrieron en pequeñas cantidades por el aporte de Panamá y de otros países en cuentas bancarias Offshore de Carlos Pareja Yannuzzelly, Álex Bravo y Carlos Pareja. Además mencionó a contratistas de Petroecuador.
Recordó irregularidades como la de la Refinería Esmeraldas, que se gestaron después de un sistema discrecional de contratación directa y que autorizó Correa en 2007 a través de un decreto ejecutivo en donde él mismo creó un sistema de emergencia. En cuanto a la base de ese decreto, Petroecuador declaró un proceso de contratación directa que se encargó de eliminar las licitaciones internacionales normales.
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El periodista indicó que «En Ecuador no hay licitación. Todas las grandes obras son contratadas de manera directa por las autoridades. En este caso, la responsabilidad central recae sobre el presidente Rafael Correa y sobre el candidato a la vicepresidencia Jorge Glas Espinel, que es quien maneja los sectores estratégicos, principalmente el sector petrolero».
Esa carencia de licitaciones estalló en la mesa de análisis cuando Villavicencio mencionó la ruta de los contratos, que finalizó en alguien cercano al presidente Correa.
El periodista indicó que «Una de las empresas que está seriamente implicada es la fiscalizadora del proyecto refinería Esmeraldas y refinerías del Pacífico, una firma domiciliada en Delaware, la compañía Warren Parsons International. Todos los contratos se adjudicaban con la firma y el aval de esta compañía, que ha suscrito contratos por más de USD $340,000,000 con el estado ecuatoriano. Esta compañía cometió un gravísimo error, si llámese error, al haber tercerizado la fiscalización, entregando este trabajo a una empresa ecuatoriana llamada Azul, del Grupo Azul, propiedad de la asesora del presidente Correa, Mónica Hernández de Phillips y de su esposo, William Phillips, de nacionalidad estadounidense. Aquí se puede configurar un delito de grave conflicto de intereses».
Al respecto de Galo Chiriboga Zambrano, quien es el Fiscal General y fue ministro de Hidrocarburos y presidente del directoro de Petroecuador, señaló que «cuando se autorizó la contratación de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Galo Chiriboga no está sindicando a los peces gordos, a los tiburones, como llamamos acá. Están cogiendo sardinas y no quieren llevar a la cárcel a los grandes implicados, porque entre ellos está el propio fiscal general, además del vicepresidente de la República y candidato a la Vicepresidencia, Jorge Glas Espinel, y el propio presidente de la República, creador de este sistema de contratación directa a través de un estado de emergencia falso».
Villavicencio concluyó diciendo que «No hay independencia de funciones, lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado es dejar un manto de impunidad para impedir que las investigaciones lleguen a los autores del más alto nivel del Gobierno».
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