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El pasado lunes 27 de febrero, la disidente cubana e impulsora de la iniciativa «Cuba Decide», Rosa María Payá, presentó al Ministerio de Justicia de La Habana, una solicitud de revisión de causa por la muerte de su padre, Oswaldo Payá.
La opositora y activista, a través de su red social Twitter escribió notificando que se encontraba en la sede gubernamental para presentar dicha solicitud.
Estoy en el Ministerio de Justicia cubano presentando una solicitud de revisión de causa en el caso de la muerte de mi padre Oswaldo Payá.
— Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) February 27, 2017
Oswaldo Payá Sardiñas, fue líder del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), y según los medios de comunicación cubanos, falleció por un supuesto accidente automovilístico que ocurrió en el 2012, en donde también perdió la vida el activista Harold Cepero, mientras que el sueco Jens Aron Modig y el español Ángel Carromero sobrevivieron al suceso.
La familia de Payá sostiene que lo sucedido no fue un accidente imprevisto sino que se trató de un «atentado» por parte de la Seguridad del Estado cubano para poder deshacerse del líder opositor.
Según las declaraciones de Carromero respecto al hecho y varias investigaciones, todo arroja que se podría tratar de un asesinato, así lo indicó el portal digital de Cubanet.
«Cuba Decide» difundió una nota de prensa en donde se indican los detalles del documento que Rosa María le entregó al Ministerio de Justicia, de conformidad con la Ley de Procedimiento Penal y que estaba dirigido a la Ministra María Esther Reus González. Es decir, dicha petición es para que se haga una revisión de la sentencia en donde condenan a Ángel Carromero por los hechos que le acusan la muerte de Oswaldo Payá y Cepero.
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La presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia aseguró que «según la ley cubana, cualquier persona puede solicitar la revisión penal y decidí hacerlo no solo porque Ángel Carromero alegó que otro auto había golpeado intencionalmente el auto que él manejaba, sino también porque se violaron las reglas del debido proceso al dejarse de practicar la prueba pericial que determinaría si el hecho fue provocado».
Añadió que la solicitud también va dirigida al Fiscal General y aseguró que «Con este trámite se agota la última posibilidad legal de discutir el caso en Cuba. Por ley, una de esas autoridades tiene que dar respuesta fundada dentro del plazo de 90 días. En consecuencia quedamos a la espera, sin perjuicio de las alegaciones y pruebas que interpondremos en diversos foros jurídicos internacionales«.
Fuente: Cubanet
