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Varios funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner, que pensaban tomarse un descanso, probablemente tengan que revisar sus planes. Lejos de unas vacaciones en la playa, durante los próximos meses seguramente desfilarán por los pasillos de los tribunales algunas de las figuras más reconocidas de la era kirchnerista para dar explicaciones en las más de 1000 causas por corrupción en las que se les menciona.
La expresidenta Kirchner y el ex vicepresidente Amado Boudou sólo encabezan una larga nómina de 164 funcionarios.
Quizás el más complicado sea precisamente el ex vicepresidente Boudou, que cuenta con un variopinto catálogo de causas judiciales; muchas de ellas muy avanzadas. Van desde la falsificación de datos del documento de identidad y malversación de fondos públicos, hasta la participación en la compra fraudulenta de la imprenta contratada para imprimir billetes de pesos argentinos.
La riqueza de la expresidenta Kirchner será otra de las causas que vuelva a circular por tribunales. Ahora, más lejos de poder influir en la Justicia, deberá explicar cómo multiplicó por 32 su patrimonio y supuestas omisiones en su declaración jurada. La exmandataria, y su familia, también está siendo investigada por el lavado de dinero a través de la sociedad Hotesur, propiedad de la familia Kirchner. Según una reciente denuncia, la familia que gobernó Argentina durante 12 años utilizaba la sociedad para blanquear fondos de origen ilícito.
Según el Índice de Perecepción de la Corrupción de Transparency International, Argentina se ubica 107 entre 185 países. La organización con sede en Berlín sugiere que las instituciones anticorrupción del país deben ser investidas con «un mandato más robusto sobre los funcionarios que investiga», además llama al Gobierno a proveer «una correcta y activa aplicación de la ley para disuadir la impunidad», y garantizar «un sistema judicial libre de influencia».
La titular de la Oficina de Anticorrupción (OA) de Argentina, Laura Alonso, encabezará el organismo dedicado investigar y perseguir casos de corrupción en el Gobierno nacional. La funcionaria deberá reactivar un organismo que debía prevenir e investigar actos de corrupción, pero que en cambio colaboraba con los funcionarios, que estaban bajo su vigilancia, a falsificar sus declaraciones juradas, según una denuncia del ex fiscal anticorrupción y diputado nacional Manuel Garrido.
La falta de un Poder Judicial independiente y la débil aplicación de la ley no son las únicas condiciones propicias para la corrupción. En un video difundido el año pasado, la Fundación Libertad y Progreso destacó la existencia de «corrupción inducida», «leyes son oscuras… se contradicen, y además mutan y se multiplican desordenadamente dejando un amplio margen de decisión a los funcionarios de turno». Además de las onerosas regulaciones y la excesiva burocracia, destacan la inexistencia de leyes que recompensen a quienes brindan información sobre hechos de corrupción y beneficios para los acusados de corrupción que delaten a sus cómplices.
Para el director general de Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, la corrupción dificulta el desarrollo de actividades lícitas y facilita las ilícitas, además de permitir «la instalación de mafias» y causar un aumento en la inseguridad. En cuanto a las consecuencias económicas, menciona una reducción de las «inversiones externas».
Ezequiel Spector, doctor en Derecho y profesor en la Universidad Torcuato di Tella, apunta a una cuestión de «incentivos». «Cuanto menos fondos públicos maneje el Estado, y más se dedique a las funciones básicas, menos corrupción va a haber.», afirmó.
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Spector argumenta que de esa manera «el Estado se vuelve menos atractivo para grupos deprepadadores, lobbistas como los sindicatos, empresarios o grandes medios de comunicación. «Van a poder sacar menos beneficio del aparato estatal», agregó.
Impedir la Impunidad
Algunos funcionarios han podido resolver sus problemas judiciales mientras estaban en el poder, pero su situación podría empeorar. Un proyecto de ley del diputado Jorge D’Agostino pretende incorporar la figura de «cosa juzgada írrita» en el Código Procesal Penal para que los fallos que presenten «vicios formales, sustanciales o error judicial» sean revertidos, o en otras palabras, reactivar aquellas resoluciones que se hayan visto influenciadas desde el poder.
«Una de las principales estrategias de impunidad utilizada por las estructuras corruptas consiste en tramitar procesos judiciales ficcionales, a través de los cuales se obtienen sentencias definitivas que otorgan una indemnidad eterna», explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Spector coincide en que la cosa juzgada írrita se trata de una herramienta positiva «en contextos de corrupción estructural, donde la corrupción está impregnada en todo el aparato estatal».
«Podría causar claros incentivos para que los funcionarios se cuiden más, y no crean que vayan a tener impunidad», agregó el experto.
La próxima semana será el turno de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes, según lo previsto, escucharán su sentencia. La fiscalía pidió casi 11 años de prisión para cada uno.. Están acusados de «estrago doloso y administración fraudulenta» en una causa por un accidente ferriovario en 2012 que dejó 51 muertos y destapó el manejo irregular de los multimillonarios subsidios que este año superarán los AR$10.000 millones (alrededor de US$800 millones). Jaime, además, ya tiene en su haber dos condenas, una por haber recibido dádivas y otra por robar pruebas de un proceso judicial.
Serán los primeros en recorrer el camino que aparenta ser el destino para varios de los que en los últimos 12 años ocuparon puestos públicos.
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