EnglishEcuador está en “guerra mediática”. El presidente Rafael Correa se la declaró a los medios de comunicación desde su primer día en ejercicio y continúa hoy más vigente que nunca.
Entre las últimas acciones del Gobierno para acallar las voces de la prensa independiente se encuentran la investigación criminal al caricaturista Xavier Bonilla; la creación de la página Somos + (para hacerle frente a lo que él denomina “prensa corrupta”); la difamación de periodistas críticos a su gestión; el control de contenidos y hasta una oficina de administradores de redes sociales para denostar a los que piensen diferente.
A pesar de eso, siguen habiendo voces independientes para contrarrestar las amenazas desde las instituciones gubernamentales. Una de ellas es Fundamedios, una organización civil ecuatoriana que promueve la protección de los derechos de Libertad de Expresión, Prensa y acceso a la información pública.
PanAm Post conversó con su director, César Ricaurte, sobre la situación en el país equinoccial. Explicó que desde que asumió al frente del poder Ejecutivo, Rafael Correa viene construyendo un discurso estigmatizante sobre la prensa, caratulándola como el “enemigo”.
Para Ricaurte, el climax de este proceso contra la prensa independiente es la aprobación, con mayoría abrumadora,, de la Ley Orgánica de Comunicación, en junio de 2013.
“Con ella se crea una estructura estatal para controlar los contenidos de los medios”, señala.
El presidente de la ONG que también viene sufriendo asedios del Gobierno en su funcionamiento diario, explicó que desde enero de 2014, cuando comenzó a operar este aparato institucional, se han registrado 270 procesos en contra de los medios de comunicación por los más variados motivos: porque las caricaturas no son veraces, porque los titulares son sensacionalistas o hasta porque las fotografías son morbosas.
“[La Ley Organica de Comunicación] Se compone de una superintendencia, encargada de vigilar, castigar y controlar a los medios, unas intendencias que son comisarías para controlar a los medios de forma local, y un consejo de regulación que es quien dicta políticas y hace los estudios sobre los medios”, indicó Ricaurte sobre el funcionamiento del ente estatal.
.@SuperComEc sancionó a Radio Novedades por supuestamente infringir Ley de Comunicación http://t.co/I114JjZgpr pic.twitter.com/2WGGLttc0U
— FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) April 1, 2015
Añadió que “muchos de los procesos son ordenados desde la presidencia de la República, desde los enlaces sabatinos del presidente”. El activista afirma que es el mismo Presidente, desde la televisión, quien dice que se debe castigar al periodista. Una vez que el presidente emite la orden, “la intendencia lo hace”.
Con respecto a las sanciones, Ricaurte menciona que de los 270 procesos iniciados contra los medios de comunicación, se han emitido 85 sanciones. “Las sanciones son de tres tipos: económicas, disculpas públicas o rectificaciones y réplicas que son obligadas a hacer los medios”.
Pero fue más allá, y declaró que en Ecuador “han pasado a un régimen de censura previa”: “Si bien la ley dice que se prohíbe la censura, lo que sucede es que el Gobierno, a través de la superintendencia, puede imponer contenidos”.
El caso Bonil y el alcance de la Ley
Lo que sucedió con Xavier “Bonil” Bonilla sacudió a toda la prensa independiente. Ricaurte precisó que lo que sucedió con el profesional es un evidente caso de censura previa. El humorista realizó un dibujo criticando Agustín Delgado, diputado afroecuatoriano, por su forma de leer en el Parlamento; pero el organismo estatal lo consideró discriminatorio y obligó al dibujante y al diario que lo publicó a rectificar.
“Toman el espacio habitual de su caricatura para poner una disculpa pública”, comento. Además, “a los medios de Ecuador se los castiga por lo que dicen, por lo que no dicen y por lo que dicen terceros. Los medios son responsables de las opiniones de terceras personas: columnistas, entrevistados… Si ellos dicen algo que incomodan a los superintendentes el medio es castigado”.
En este sentido, Ricaurte explicó que los medios de comunicación deben publicar información que el ente comunicacional considera como DE interés público.
“Hay una causa contra tres diarios porque no publicaron información en primera plana de la visita del presidente a Chile y la concesión de un doctorado honoris causa”, manifestó.
Sobre la relación entre el caso de contaminación en la selva ecuatoriana entre la petrolera Chevrón y el Gobierno de Ecuador, Ricaurte reveló que “el gobierno de Correa tiene al menos en Estados Unidos cuatro agencias de publicidad, marketing y relaciones públicas para manejar la imagen del Gobierno. Es un Gobierno que basa muchísimo su gestión en la construcción de su imagen pública, tanto para el interior del país como para el exterior”.