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EnglishDurante la reciente campaña a la alcaldía de Bogotá, en la cual participé como candidato independiente, me di cuenta de que el valor real de los movimientos sin ataduras a la política tradicional es que tienen la libertad de hacer propuestas acerca de temas que los candidatos punteros en las encuestas no pueden ni mencionar.
Por ejemplo, ni el ganador de las elecciones, Enrique Peñalosa, ni sus rivales principales quisieron hablar del desproporcionado poder que ejerce el sindicato de maestros sobre la educación pública en Bogotá y en el país. Ni les pareció conveniente referirse a la tremenda corrupción que corroe a una parte significativa de la policía de la capital.
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Pero, en especial, los “pesos pesados” de la última elección hicieron lo posible por evitar el polémico tema de la aplicación móvil Uber y su operación en Bogotá. Y las razones son bastante obvias.
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Cada candidato sabía muy bien que Uber y compañías similares son populares entre los usuarios y, más allá, son una solución —así sea parcial— al problema de la movilidad en Bogotá. Pero también sabían que, si el gremio de los maestros elige por sí solo a varios concejales, el gremio de los taxistas —liderado por Uldarico Peña, quizá el propietario de taxis más poderoso de la ciudad— puede “decidir quién queda y quién no queda elegido como alcalde”, tal como explicó La Silla Vacía hace unos años.
Así que, cuando surgió una pregunta acerca de Uber en un debate, el cual se llevó a cabo únicamente con los cuatro candidatos principales, ninguno defendió abiertamente a las nuevas tecnologías. Ninguno mencionó el inmenso potencial de la economía compartida para brindarles más y mejores opciones a los consumidores en el siglo XXI.
Peñalosa dijo que “no puede haber tratamiento desigual porque los taxis pagan cupo y tienen pico y placa”. El oficialista Rafael Pardo, quien contó con el apoyo electoral de un grupo significativo de taxistas, afirmó que Uber incurre “en competencia desleal”. Francisco Santos, candidato por el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, propuso crear “un modelo más equitativo” para los taxis. La socialista Clara López, del Polo Democrático, aseveró que, por medio de Uber, “los estratos altos buscan un servicio absolutamente ilegal”.
En últimas, a quien realmente le funcionó la estrategia electoral de presentar a Uber como el villano de la película fue al alcalde electo Peñalosa, quien obtuvo el apoyo de Uldarico y, en efecto, ganó la elección.
Pero Peñalosa no es el único político que, en parte, le debe su poder actual al cartel de los propietarios de taxis.
Como escribí el año pasado en PanAmPost, el presidente, Juan Manuel Santos, junto con su entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo, les prometieron a miles de taxistas bogotanos que cancelarían “las aplicaciones que fomentan la ilegalidad en el transporte público” —léase Uber— cuando buscaban sus votos antes de la segunda vuelta de la elección presidencial del 2014.
Esta promesa electorera fue especialmente irresponsable. ¿Sabía el presidente Santos qué medidas serían necesarias para sacar a Uber del mercado? Eso no lo sabremos, pero el hecho es que Santos decidió lavarse las manos y dejar la decisión frente al caso Uber —en plena campaña electoral— en manos de su vicepresidente, Germán Vargas Lleras.
¿Fue esta decisión un disparo en medio de la “guerra fría” que, según rumores, se ha desatado en el Palacio de Nariño entre los que apoyan a Santos y los que respaldan a Vargas Lleras? ¿Quiso el presidente, cuyo candidato en Bogotá era Pardo, dejar a su vicepresidente contra la pared para poner en aprietos a Enrique Peñalosa, el candidato de Vargas Lleras?
Puede ser, pero el hecho es que Vargas Lleras reaccionó inteligentemente —desde el punto de vista de su interés personal— y anunció que el asunto no se decidiría antes de las elecciones del 25 de octubre.
Solo hasta hoy se dio a conocer el decreto del vicepresidente, el cual, según la emisora W Radio, acaba efectivamente con Uber tal como ha funcionado en Colombia. El Gobierno, anunció la emisora, impondrá las condiciones bajo las cuales podrán operar los “taxis de lujo”, con especificaciones para los vehículos, incluyendo el color, y tarifas mínimas determinadas por el Estado.
Este sometimiento a las exigencias de Uldarico y otros grandes propietarios de taxis era predecible. Después de todo, Germán Vargas Lleras, quien definitivamente será candidato presidencial en el 2018, no desconoce la importancia del voto bogotano en una elección a la presidencia, y sabe que el voto en bloque de los taxistas es clave para ganar en Bogotá.
Una vez más, la libertad de los consumidores colombianos —en este caso la libertad de escoger un modo de transporte sin interferencia estatal— cae ante el “capitalismo de amigotes” que, por más de un siglo, ha dominado a la economía nacional.
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