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EnglishTal como conocemos el término, “democracia”, refiere a una serie de preceptos: separación de poderes; derecho a elecciones transparentes, a la asociación política, a la expresión libre, a la privacidad, a la protección de la persona; y la vigencia general de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecida por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948.
Todos estos preceptos son vulnerados cotidianamente por el Gobierno de Venezuela, al punto de que, tras 57 años de elecciones, es legítimo preguntarse si este país suramericano continúa siendo una democracia. A continuación, una lista de diez razones (aunque hay más) por las que podría considerarse que ya no lo es:
1) Sistema electoral no auditable
En las elecciones presidenciales de 2013, Nicolás Maduro ganó con un margen inferior al número de votos nulos. La controversia que generó esta elección llevó a la oposición a solicitar la auditoría de todo el proceso electoral. Esta auditoría se produjo, pero no bajo los términos solicitados por la oposición, sino un un proceso calificado de “farsa” por el candidato supuestamente perdedor, el gobernador de Miranda, quien posteriormente señalaría que le “robaron la victoria”.
Si la legitimidad de origen (uno de los dos pilares de la legitimidad democrática) está comprometida en el caso de Maduro, las posteriores actuaciones del Consejo Nacional Electoral no han ayudado a mejorar la imagen de imparcialidad de este ente, que han hecho que 64% de los ciudadanos desconfíen de la institución, según una encuesta Delphos publicada hace un mes.
2) No hay separación de poderes
El libro El TSJ al servicio de la revolución, de los investigadores Luis Alfonso Herrera y Antonio Canova, ha demostrado que de 9 mil sentencias que emitió el Tribunal Supremo entre 2006 y 2014, relativas a controversias entre el Estado y ciudadanos, el Estado las ganó todas; esto es solo la punta del iceberg de la crisis del sistema judicial venezolano, donde 7 de cada 10 jueces son provisionales, y, como se ha denunciado, las sentencias sensibles para el Gobierno se discutían y se redactaban en la Vicepresidencia del país, como lo han señalado dos exmagistrados del TSJ que ahora se encuentran exiliados y prófugos de la misma justicia a la que decían representar. “En Venezuela no hay estado de Derecho” es la frase que más se repite sobre el sistema judicial en el país.
3) La libertad de expresión está desapareciendo
Desde 2007, cuando la principal televisora del país, RCTV, fue cerrada aduciendo que “se le había vencido la concesión”, la crítica en los medios de comunicación ha ido desapareciendo, al punto de que hoy es prácticamente imposible encontrar medios críticos al Gobierno.
El avance totalitario (el tres veces ministro de Comunicación Andrés Izarra señaló en 2008 que el Estado debía crear una “hegemonía comunicacional”, y la ha ido consiguiendo) ha hecho también que el Estado cerrara 34 emisoras de radio en 2008; y que en 2013, capitales sin rostro (algo expresamente prohibido en las regulaciones mundiales sobre libertad de expresión) hayan comprado dos de los tres principales periódicos del país: Últimas Noticias y El Universal, además del canal Globovisión. Obviamente, las líneas editoriales han cambiado a favor del Gobierno, como lo señala el informe “Propietarios de la Censura” del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
La censura se ha establecido también en la web, con más de mil páginas han sido bloqueadas. Hay siete tuiteros presos y el número de agresiones a periodistas viene en crecimiento.
4) Impunidad y Justicia con criterios selectivos
Leopoldo López, líder político venezolano, lleva 18 meses preso por convocar a una manifestación que se tornó violenta; en esa manifestación, el 12 de febrero de 2014, funcionarios de la policía política asesinaron a un joven, Bassil Da Costa. El juicio de estos funcionarios está “en un limbo”, como las investigaciones de la mayoría de las 48 muertes que se produjeron en los meses posteriores, por las cuales, la propaganda del Gobierno culpa a López.
Un asesino en Venezuela tiene solo 6% de posibilidades de pisar un tribunal, pues 94% de los 25 mil homicidios que se registran cada año quedan impunes; y los casos de corrupción más flagrantes quedan sin ser investigados, salvo que quienes los cometen dejen de ser amigos de la “revolución bolivariana”.
5) No hay libertad económica
El Informe Anual de Libertad Económica 2014 del Fraser Institute coloca a Venezuela en el lugar 152, solo por encima de Congo, Zimbabwe o Argelia. Controles de cambio, de precios, leyes económicas que establecen penas hasta de 16 años de cárcel (mayores a las de secuestro) como la recientemente aprobada “Ley Orgánica de Precios Justos”… Por estas razones, el país recibió el año pasado solo US$320 millones de inversión extranjera y su economía, en general, es un caos que pretende esconderse con la negación de cifras oficiales. El Banco Central de Venezuela no ha publicado estadísticas durante todo este año, a pesar de que la Constitución y las leyes lo obligan a ello.
6) No hay derechos de propiedad
Las expropiaciones en Venezuela han llevado a que el país deba abordar 27 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por casi US$30 millardos; perderlas todas significaría la quiebra para la república. Pero los locales, que no pueden acudir al Ciadi, han visto como la expropiación se convierte en una confiscación, pues el Estado puede quitarles todo sin necesidad de acudir a ningún tribunal. La posesión más extendida, como lo es la moneda, también ha sido expropiada a través de la emisión de dinero inorgánico: Cien bolívares de hoy equivalen, en poder adquisitivo, a 1 de 2008.
7) No hay derecho a la vida privada
Regularmente, en el canal estatal VTV o las radios del Estado-Gobierno, se transmiten videos o audios grabados a opositores, en conversaciones telefónicas o privadas, de los cuales no se explica si fueron solicitados por un juez o si constituyen parte de una investigación. Se usan para el escarnio público y en ocasiones llegan a tocar incluso la vida íntima de los dirigentes políticos. Pero esta situación no afecta solo a los políticos: A los empleados públicos se le revisa la actividad en las redes sociales y se les despide por sus creencias políticas.
La otra cara de esta moneda es el sometimiento al escarnio público: También regularmente, tanto Maduro como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, acusan de “ladrones”, “asesinos” o de homosexuales (?) a dirigentes de la oposición, sin poder ser demandados por difamación o injuria por estos.
8) El Parlamento no cumple sus funciones
A través de sucesivas “leyes habilitantes” (la última otorgada en marzo) la Asamblea ha enajenado su función legislativa. Adicionalmente, no cumple con su función de contraloría; se niega sistemáticamente a investigar casos de corrupción, o cuando lo asume, exige a la oposición que “presente las pruebas” como en el caso de la Banca Privada D’ Andorra.
Adicionalmente, desde que fue elegida la Asamblea actual, cuatro parlamentarios (todos opositores) han sido destituidos en procesos “exprés”; el último afectó a la diputada María Corina Machado, un proceso tan burdo que provocó que la Academia de Ciencias Políticas señalara sobre él que “Venezuela dejó de ser un Estado constitucional”.
9) El Gobierno no cree en la alternabilidad en el poder
Recientemente, Maduro señaló que si la oposición controlara la Asamblea Nacional él “se lanzaría a la calle con sus seguidores”. Es constante la referencia del chavismo sobre el desconocimiento de elecciones que no le fueran favorables. “No volverán” es el slogan del chavismo; cuando la oposición gana gobernaciones y alcaldías, el sabotaje, la negación de recursos y la instalación de órganos paralelos que le eliminan las competencias son recursos que se usan combinados.
10) Hay torturas / violaciones a los derechos humanos
Esta misma semana, 30 ONG denunciaron violaciones a los derechos humanos en Venezuela, durante la presentación del informe anual del país ante la ONU. En el país se registran casi 1.000 ejecuciones policiales, malos tratos a presos durante las protestas estudiantiles del año pasado, un retardo procesal “endémico” y los instrumentos legales aprobados para frenar estos fenómenos “no han sido cumplidos”: Zeid Ra’ad Al-Hussein, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, señaló estar “muy preocupado por la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, particularmente las duras respuestas a las críticas y expresiones pacíficas de discrepancia”.
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