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En Venezuela el Gobierno de Nicolás Maduro sancionarán a los trabajadores del sector público que no asistan a la marcha chavista el próximo 1 de septiembre.
Empleados estatales recibieron comunicaciones internas tanto escritas como verbales, en las cuales se les amenaza con descontarles un día de sueldo y aplicar una amonestación a quien no asista a la convocatoria realizada por el Gobierno.
La denuncia la realizó Marlene Sifontes, directiva del sindicato del Instituto Nacional de Imparques, ente estatal. Informó que el ejecutivo adelanta una estrategia para impedir la participación de los trabajadores públicos en la llamada Toma de Caracas, organizada por la oposición, y con la cual los venezolanos solicitarán la celebración del referendo revocatorio este mismo año.
Sifontes dijo además que el Gobierno decidió emplear una estrategia de chantaje, pagarán el bono de alimentación por adelantado, para convencer a los empleados públicos de que como gesto de «agradecimiento» asistan a la movilización del chavismo.
«Este primero de septiembre los trabajadores deberían ejercer su derecho de marchar y apoyar la tendencia política de su preferencia como lo establece la carta magna, cuestión que el gobierno no quiere aceptar”, concluyó Sifontes.
«Con el pago adelantado del ticket, el Gobierno pretende comprar a los empleados públicos, pero los trabajadores están demasiado molestos por los atropellos patronales”, dijo Serbando Carbone, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
Cabe destacar que el artículo 68 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos, empleados públicos incluidos, el derecho a la protesta pacífica y que las manifestaciones no pueden ser reprimidas y atacadas con armas de fuego ni gases por los organismos de seguridad del Estado.
Amenaza tras amenaza
Los empleados del sector público en Venezuela no solo deben enfrentar las amenazas y sanciones por parte de funcionarios chavistas que quieren imperdir el derecho a la libertad de expresión de quienes pertenecen a instituciones estatales, también deben lidiar con la posibilidad de ser despedidos tras apoyar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
El pasado 22 de agosto el Gobierno dio les 48 horas a los funcionarios para que renunciaran a sus cargos en casos de haber firmado a favor del referendo revocatorio.
El dirigente oficialista Jorge Rodríguez dijo que se entregaron listas con “los nombres de las personas […] que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que participaron en el proceso de autorización del partido de la derecha para la activación del fenecido referendo revocatorio”. Las listas fueron distribuidas en los ministerios de Alimentación, Industrias Básicas, Finanzas, Trabajo y el Despacho de la Presidencia.
Según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al menos 4 000 funcionarios de confianza firmaron a favor del referendo revocatorio.
Fuente: El Nacional
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